El Estado colombiano ganó un pleito a Red Eagle Exploration Limited, después de la demanda internacional interpuesta por la minera canadiense por la prohibición del Gobierno de desarrollar proyectos mineros en páramos, particularmente en el de Santurbán.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la instancia líder mundial para arreglar diferencias a nivel de inversiones internacionales, desestimó las reclamaciones por expropiación y violación del estándar mínimo de trato presentados por Red Eagle, según informó la Agencia Jurídica del Estado en un comunicado ampliamente difundido por la Presidencia.
Además, esta instancia también reconoce que el Estado tiene legítimo derecho a prohibir la minería en ecosistemas de páramo pues es su potestad de regular un bien de interés general, en este caso, la protección del medioambiente.
Red Eagle pedía una indemnización de unos 130 millones de dólares, alegando que esta prohibición del Gobierno "le había impedido desarrollar un proyecto minero en los títulos ubicados en el área del páramo de Santurbán y, en consecuencia, constituían una expropiación indirecta de su inversión", según explicó la Agencia Jurídica del Estado.
Esto como violación directa del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, según la minera, lo que el tribunal arbitral no consideró pues al momento de realizar la inversión, Red Eagle sabía que era probable que se prohibiera la minería en los páramos.
"Atención! Colombia gana demanda a multinacional minera Red Eagle, es legítimo que el país prohíba la minería en ecosistemas de Páramo, en este caso Santurbán. Desestima indemnización para la multinacional", destacó al respecto María Paula Fonseca, Secretaria de Comunicaciones y Prensa de Presidencia.
Red Eagle demandó a Colombia en marzo de 2018, cuatro años después de que el Gobierno colombiano tomara medidas contra la minería en los páramos, por un proyecto en el páramo de Santurbán, en el centro-norte del país.
"Colombia celebra esta decisión del Tribunal Arbitral que reconoce el carácter no discriminatorio y la buena fe de las medidas adoptadas por el Estado para la protección del interés general", alegó la Agencia Jurídica del Estado.
