La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación disciplinaria en contra de los gobernadores de Amazonas, Jesús Galindo Cedeño, Chocó, Ariel Palacios Calderón, y Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, por posibles irregularidades en el control y vigilancia en términos de deforestación y talas de árboles en las áreas de protección de los correspondientes departamentos, esto sería entre los años 2017 y 2020.
La medida disciplinaria también relaciona a los directores generales de las corporaciones autónomas regionales de Corpoamazonía, Luis Alexander Mejía Bustos, Codechocó, Arnold Alexander Rincón López, y Corponor, Gregorio Angarita Lamk.
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La Procuraduría analizará si se presentaron faltas disciplinarias en la adopción de medidas y actividades de vigilancia, control y las que serían de carácter interinstitucional relacionadas con la deforestación y tala de árboles en Amazonas, Chocó y Norte de Santander.
Entre las pruebas solicitadas, el Ministerio Público exige constancias de las reuniones y actividades adelantadas por los entes territoriales para evitar la tala desmesurada de árboles, así como un informe estadístico del avance porcentual de reducción de estas actividades entre desde el 2017 hasta el 2020. Los investigados serán escuchados en versión libre si así lo desean.
Vale recordar que, durante la reciente Cumbre Ambiental del Caribe, Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, se refirió a los logros ambientales durante su labor como jefe del ente de control, expresó que en Colombia hay leyes y normas para hacer respetar el medio ambiente y solo es el deber de que se cumplan correctamente.
Entre otras noticias protagonizadas por la Procuraduría General, el ente escogió a un procurador judicial para pedirle al juez número 11 administrativo de Bogotá la modulación del fallo que ordenó volver a exigir la prueba PCR negativa a viajeros que ingresen a Colombia, esto con el objetivo que la decisión se acate, se cumpla y no impida las acciones de política pública.
Este fue el resultado de un reciente encuentro del procurador general, Fernando Carrillo Flórez, con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, un espacio de diálogo con el juez 11 administrativo de oralidad del Circuito de Bogotá, se expusieron los aspectos técnicos que motivaron la objeción del fallo de tutela que obliga a las personas que pretenden ingresar al país mostrar una prueba negativa de PCR.
