La Fiscalía de Colombia imputó a cuatro barristas del Atlético Nacional como posibles responsables del delito de instigación a delinquir agravada en el estadio Atanasio Girardot, informó este martes el ente acusador en un comunicado.
Andrés Felipe Muñoz Lara, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño y Raúl Eduardo Martínez Hoyos, miembros de la barra "Los del Sur, el 16 de abril, antes de un partido contra el América de Cali, "habrían promovido una serie de desmanes que dejaron varios ciudadanos afectados y cuantiosos daños materiales".
Según la investigación, dos días antes del evento deportivo los procesados habrían usado sus redes sociales para promover acciones vandálicas que dejaron 80 personas lesionadas, entre ellos 20 policías y 12 trabajadores que se encargaban de la logística del estadio.
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Los datos ofrecidos por la Fiscalía señalan que los destrozos materiales por la violencia que se vivió ese día en el Atanasio Girardot superarían los 670 millones de pesos (más de 150.100 euros), mientras que los perjuicios económicos para el equipo antioqueño por cuenta de las sanciones que se le impusieron sobrepasan los 3.100 millones (casi 695.000 euros).
Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les fueron imputados y un juez de control de garantías les impuso medidas como la prohibición de asistir al estadio cuando juegue Atlético Nacional.
Además, no podrán comunicarse entre ellos ni con los directivos del plantel deportivo y no podrán usar las redes sociales para comentar asuntos de la hinchada.
El 16 de abril, hubo un enfrentamiento entre fanáticos del equipo verde y la policía ocurrió antes del clásico contra América correspondiente a la decimocuarta jornada de la liga colombiana, que tuvo que ser aplazado por falta de garantías de seguridad, y luego de que las autoridades ordenaran el desalojo del estadio.
Los desmanes, que obligaron a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, tuvieron origen en la ruptura de la relación entre "Los del sur", la 'barra' más representativa de Nacional, y los directivos del club tras la decisión de éstos de suspender los beneficios económicos a ese grupo, entre ellos la entrega de 500 entradas a los partidos.
Ante el caos que se vivió en el estadio y sus alrededores, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó entonces en su cuenta de X: "No vamos a tolerar la violencia" y lamentó que la ciudad deba "poner hasta 800 policías por cada partido".
