La semana comenzó en el país bajo una nueva polémica y en esta ocasión la discusión se abrió desde la suspensión que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, a la aplicación móvil de transporte Uber, que según lo demandado tendrá que cesar su prestación del servicio en todo el territorio nacional, pues según la SIC en Uber se ha hecho "competencia desleal (...) por violación de normas y desviación de clientela". La medida fue apelada por la empresa.
De inmediato las redes, como siempre, se convirtieron en receptoras de todas las opiniones que esta decisión generó en la ciudadanía, quienes en general se mostraron en desacuerdo, pues aseguran que para muchos tomar taxi es todo un "malestar".
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Además, este fin de semana comenzó a circular un video por las diferentes redes sociales en el que se ve cómo desde una aplicación para dispositivos móviles los taxistas alteran los taxímetros.
Esta grabación se sumó a la indignación de muchos por la suspensión de Uber y también por la orden de liquidación que anunció la Superintendencia de Transporte a Picap, otra de las conocidas apps con las que se movilizaban una gran cantidad de usuarios.
https://twitter.com/aliaspapu/status/1208097544376668160?s=20
A través de los hashtags #PlataformasDeTransporte, #Uber o #Taxímetro, los colombianos han demostrado su apoyo hacia el uso de las plataformas digitales, pues aunque muchos manifiestan que efectivamente los taxistas tienen razón en que son ellos quienes más pagan por ofrecer este servicio, también aseguran que el uso de Uber, Didi, Picap y otras aplicaciones debe ser regulado y no prohibido.
El abogado, agrónomo y político colombiano Guillermo Santos, llegó incluso a descalificar a la entidad en una de sus columnas para el diario El Tiempo, en el que con un juego de palabras aseguró que los de la SIC son unos "Super-Idiotas sin Conocimiento".
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Mientras los colombianos hacen su pulso en las redes sociales por defender o atacar la decisión de la SIC respecto a las aplicaciones que prestan servicios de transporte, Uber espera la decisión que se tome después de apelar la sanción, pues ellos consideran que esto es un acto de censura que infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos y además dicen haber aportado más de 70 mil millones de pesos al país.
A través de los hashtags #PlataformasDeTransporte, #Uber o #Taxímetro, los colombianos han demostrado su apoyo hacia el uso de las plataformas digitales, pues aunque muchos manifiestan que efectivamente los taxistas tienen razón en que son ellos quienes más pagan por ofrecer este servicio, también aseguran que el uso de Uber, Didi, Picap y otras aplicaciones debe ser regulado y no prohibido.
El abogado, agrónomo y político colombiano Guillermo Santos, llegó incluso a descalificar a la entidad en una de sus columnas para el diario El Tiempo, en el que con un juego de palabras aseguró que los de la SIC son unos "Super-Idiotas sin Conocimiento".
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“Ahora debemos contar con el retraso mental de las entidades que regulan el comercio, lo que debería ser para beneficio de los colombianos y no para favorecer a un gremio que se rehúsa a cambiar y prefiere demandar para enfrentarse a lo que viene digitalmente”, escribió Santos en una evidente molestia.[polldaddy poll=10481977]
Los defensores de la SIC
En respaldo de la suspensión contra Uber y en la que además se les notificó una multa por más de 414 millones de pesos salieron personalidades como el senador Rodrigo Lara, quien aseguró que la Superintendencia de Insdustria y Comercio ha sido sometida a "matoneo" por parte de los medios, quienes según él, están siendo financiados por la aplicación para hacer lo que llamó como un "lobby mediático".
Mientras los colombianos hacen su pulso en las redes sociales por defender o atacar la decisión de la SIC respecto a las aplicaciones que prestan servicios de transporte, Uber espera la decisión que se tome después de apelar la sanción, pues ellos consideran que esto es un acto de censura que infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos y además dicen haber aportado más de 70 mil millones de pesos al país.
