El próximo 11 de marzo se vence el plazo para que el presidente Iván Duque sancione u objete la Ley Estatutaria de la JEP que ya fue recibida por la Casa de Nariño el pasado viernes.
En horas de la mañana las Comisiones de Paz de Senado y Cámara se reunieron para exigirle al primer mandatario que firme la Ley Estatutaria que fue aprobada por la Corte Constitucional. Solo falta el aval presidencial para que esta entre en vigor.
Sin embargo, existe una polémica alrededor de esta jurisprudencia ya que facciones dentro del Centro Democrático, partido al que pertenece Iván Duque, se oponen a que se apruebe.
En caso de que Duque objete la Ley
En diálogo con KienyKe.com el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la Comisión de Paz del Senado, afirmó que es una circunstancia que preocupa mucho "y que demostraría una intención de evitar que la Jurisdicción entre en vigor. Efectivamente eso es algo que contraviene el cumplimiento del Acuerdo de Paz".
Según el senador, en caso de que no se sancione la Ley, esta tendrá que volver a debate en el Congreso, y seguramente a votación, "pero sería muy grave que el presidente no sancione una ley que ya que ha sido avalada por la Corte Constitucional". Lo que haría que los magistrados de la JEP tomen la decisión de reglamentar algunos aspectos de su trabajo, que estarían contenidos en la Ley Estatutaria que no ha sido sancionada.
Igualmente el senador Roy Barreras afirmó que quienes se oponen a esta legislación, al contrario de lo que creen, le dan mayor autonomía a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues la justicia tendría toda la autonomía para hacer su propio desarrollo y estatuto, lo que haría que los jueces llenaran "los vacíos que la Ley Estatutaria no le provee".
"El Congreso colombiano decidió que tuviera una Ley Estatutaria para que le determine con precisión cómo debe operar. Es mejor JEP con Ley Estatutaria que JEP sin Ley Estatutaria, pero con ley o sin ley la JEP seguirá actuando", agregó.
Cabe resaltar que en caso de que el presidente Duque no acoja ninguna de las dos opciones, dentro del plazo establecido, la decisión quedará en manos del presidente del Congreso, Ernesto Macías.
