La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que en fallo de segunda instancia la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular destituyó e inhabilitó por nueve años a
- Armando Cabrera Rivera, jefe de Gestión del Riesgo de Neiva
- Giovanny Córdoba Rodríguez, secretario de Educación
- Camila Mercedes Ortega Suárez, secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión
El Ministerio Público estableció que en la contratación de una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19, se incurrió en errores en los valores de uno de los puntos del documento, situación ocasionada por las inconsistencias entre el número de las unidades requeridas y las contratadas.
"En otro contrato, firmado para brindar alimentación durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 a la población vulnerable de la ciudad durante la pandemia, se incluyeron elementos que no hacían parte de la propuesta inicial presentada por el contratista y que no tenían una relación directa con el objeto de este, ni una justificación de su conveniencia, necesidad o razonabilidad, lo que incrementó el monto de los kits alimenticios en 330 millones de pesos", señala el Ministerio Público.
Se contaron bienes y elementos como tapabocas, guantes de látex y overoles, entre otros que se hicieron pasar como raciones de comida.
¿Y el alcalde?
La procuraduría señala también que se celebró una orden de servicios con una institución para interventoría, lo cual se hizo son garantizar las condiciones mínimas de cumplimiento.
"Además de estar inhabilitada para desarrollar las actividades de vigilancia, al tener un nexo formal con el contratista al que debía controlar, cuyas labores consistían en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, por un monto total de 5.250 millones de pesos".
En total era 105 mil kits de alimentación, pero nunca se especificaron las unidades ni las características técnicas
El órgano de control señaló que el alcalde Gorky “dejó de cumplir con los deberes propios de su cargo, porque seleccionó contratistas que no garantizaban la mejor oferta y sin seguir un actuar leal y honesto, a pesar de que tenía la capacidad de evitarlo”.