Con el argumento de que era inconveniente para el país, la Cámara de Representantes hundió el polémico proyecto que buscaba unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con una votación en la plenaria de 63 votos a favor y 55 en contra.
Este proyecto de Acto Legislativo, que estaba entre la espada y la pared por el artículo transitorio que permitiría que los actuales mandatarios regionales y locales gobernaran hasta 2022, no contó con el apoyo suficiente para dar otro paso en el legislativo, a pesar de tener un gran respaldo político de Cambio Radical, principal líder de la propuesta, del Partido Conservador y de la U. Además del apoyo de Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios y de Asocapitales, entidad que dirige Luz María Zapata.
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Una de las opositoras del proyecto, Juanita Goebertus de la Alianza Verde, dijo que esta iniciativa es "indeseable e inconstitucional" y que va en contravía a lo establecido por la Corte Constitucional sobre el tema y que dice: "La revocación o ampliación del período de funcionarios electos para un lapso determinado, sin que existe un procedimiento reglado para tal efecto, es contrario a la idea más elemental del Estado de derecho y de constitucionalismo".
A partir de eso, Goebertus indicó que la propuesta daba lugar a una " excepción desproporcionada e injustificada que beneficia a personas determinadas", de quienes actualmente se desempeñan en los cargos de elección popular. "La reforma es, por tanto, inconstitucional y antidemocrática", manifestó.
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La representante Angela María Robledo, otra de las detractoras, en diálogo con KienyKe.com, afirmó que: "Esta es una gran derrota para Germán Vargas, para su esposa la directora de Asocapitales, Fedemunicipios y las bancadas de Cambio Radical y el Partido Conservador".
Señaló que existían muchos argumentos para hundir este 'adefesio legislativo', debido a que esta decisión era borrar de un 'plumazo' el sentido de la descentralización y la autonomía territorial, que según ella, fue una de las grandes conquistas de la Constitución del 91. "Aprobar este proyecto para la unificación de periodos era volver al centralismo de la Constitución de 1886", manifestó.
Dijo que no más la mención de esta propuesta era un 'golpe' para los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones del 2015. "Este proyecto agrede los derechos del votante que eligió por cuatro años un programa. Aquí había un grosero desborde de abuso del Congreso y del poder, respecto a ese voluntad de la ciudadanía", mencionó.
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Según Robledo, otro argumento fuerte para tumbar el proyecto eran los grandes intereses políticos detrás, "especialmente de Cambio Radical, Conservadores y Centro Democrático. Ellos quieren propiciar la continuidad de gobernantes como Enrique Peñalosa, de Federico Gutiérrez y Alejandro Char. No quieren aceptar el equilibrio de fuerzas alternativas que hoy emergen en Colombia".
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Cabe recordar que los principales argumentos de los promotores de la iniciativa era que con la implementación se ordenarían los planes de desarrollo, se armonizaría la gestión entre los mandatarios y se le ahorraría al país más de 400 millones de pesos, como lo afirmó el representante de Cambio Radical, César Lorduy.
A lo que Robledo respondió: "La democracia tiene un costo. A este país le costó décadas y siglos tener un mecanismo de descentralización y unificar los periodos con un argumento de eficiencia económica no justifica tocar los principios de la democracia".
Aseguró que no es cierto que no sea posible armonizar estas gestiones sin tener que unificar los periodos. "Para mí ese argumento no es nada válido. Es una priorización de la mirada nacional versus las prioridades regionales. No es cierto lo que dicen los de Cambio Radical. En la Constitución también están consolidados los planes de desarrollo para esta armonización, que son la herramienta de la gobernabilidad".
