El pasado 10 de abril el presidente del Senado, Efraín Cepeda, junto con miembros de otros partidos políticos, radicaron un acto legislativo que buscaba dar vida a la representación política de las víctimas a través de las 16 circunscripciones especiales en la Cámara de Representantes por dos periodos en el Congreso. Sin embargo, la iniciativa se hundió por falta de tiempo.
“Parece que las víctimas ya no le importan a nadie, ni a los partidos políticos, ni al Congreso, ni a los candidatos presidenciales, ni al Gobierno que se la jugó por la Paz. Todos abandonaron a las víctimas (…) No hubo voluntad política para el trámite de este proyecto, hubo otras prioridades ante la actual coyuntura de la mecánica electoral. Hoy las víctimas de Colombia siguen esperando su vocería”, aseguró Roy Barreras ponente de esta iniciativa.Al proyecto que hace parte de lo establecido en los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Farc, permanece en vilo desde que el año pasado se le realizaron una serie de modificaciones para garantizar su paso. Pero nuevamente queda aplazado hasta que entre en función el nuevo Congreso tras su posesión el próximo 20 de julio.
[single-related post_id="881354"]
Estas son las modificaciones presentadas en este nuevo proyecto:
- Se cambia “especiales de paz”, por “para la Víctimas del Conflicto Armado” acotando su objetivo y destinación. Y se especifica el período legislativo 2018-2022 como punto de partida para el ejercicio de funciones.
- Se garantizará la participación de los habitantes aptos para votar de cada uno de los municipios que conforman las 16 circunscripciones (ciudadanos inscritos en el Registro Único de Víctimas, adscrito a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas).
- Se fortalecen los parámetros para la aspiración de las víctimas a ser candidatos en las circunscripciones, en especial en lo relacionado con la postulación, la cual incluye como novedad las Organizaciones Defensoras de Víctimas y organizaciones sujetas de reparación colectiva.
- Para las organizaciones postulantes se incluye la condición de haber sido creadas antes del 1 de diciembre de 2016 y contar con acreditación avalada por: Defensoría del pueblo y/o Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y mesa municipal de víctimas.
