Los dos artículos aprobados para modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó contentos a unos y con un amargo sabor a otros, "por ser un atentado contra el acuerdo de paz". Esta idea no fue bien recibida en varios sectores, sobretodo en el partido Farc y en el Polo Democrático, pero en colectividades como el Centro Democrático la defienden, por ser un 'salvavidas' del proyecto que crearía salas especiales para juzgar militares involucrados en crímenes en medio del conflicto armado en Colombia.
El pasado miércoles 31 de octubre, el 'pacto político' que sentó a varios contradictores eternos, como a Álvaro Uribe y Gustavo Petro, sirvió para buscar acuerdos sobre la jurisdicción especial. Por mayoría se aprobó la idea de adicionar 14 magistrados y obligar a contrastar la información de los comparecientes por la autoincriminación y falsos testigos en Comisión Primera del Senado de la República.
A partir de esa decisión, las Farc pidió respeto por la JEP y por el Acuerdo de Paz. Advirtió que de entrar en vigencia estos dos artículos, pedirán la inmediata intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque según ellos, deja serias dudas frente al compromiso del Gobierno Nacional para la implementación de los acuerdos y la reparación a las víctimas de conflicto.
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Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, le dijo a KienyKe.com que la creación de salas paralelas para los militares es "un engaño para las Fuerza Pública del país" y señaló que esta propuesta "no se la va a aguantar la justicia internacional".
"La Fuerza Pública debería ingresar a la JEP, decir la verdad y librarse de problemas. Si se aprueba eso, la CPI se los va a llevar", aseguró.
Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal refutó estas afirmaciones. Aseguró que la intervención de la CPI "es un cuento que están utilizando para asustarnos", porque, según ella, la Corte Penal solo entra aplicar su jurisdicción cuando los recursos internos se han agotado y consideran que hay impunidad sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad. "Este no es el caso", enfatizó.
Sin embargo, Ávila afirmó que la Corte Penal Internacional dio plazo hasta noviembre para demostrar avances en la judicialización del marco del conflicto y que si no encuentra un avance significativo, intervendrá.
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La aprobación de estos proyectos le parece un atentado a la justicia a Ávila. Considera que lo más preocupante es el artículo que determina que: "la sola confesión de quienes se sometan o quienes puedan ser llamados a comparecer ante la JEP, no podrá ser prueba suficiente para proferir orden en su contra", porque según él, lo que se pretende no es proteger a los militares sino a los políticos detrás de los crímenes.
"Cuando los militares comiencen a hablar van a decir quiénes dieron las órdenes. Ese cuento de que la sola confesión no es verdad es para proteger a los políticos. Otra vez el uribismo quiere salir bien librado, por ejemplo en temas como los falsos positivos", sostuvo.
Cabal, por su parte, mencionó que está de acuerdo con Ávila de que es innecesario ese articulado, debido a que la norma anterior ya lo contemplaba. Sin embargo, señaló que esas afirmaciones son irresponsables, porque lo que el Centro Democrático espera es mejorar ese "adefesio" que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos en la JEP, ya que no había una verdadera diferenciación en la justicia transicional.
"Si hubieran pruebas de que estamos relacionados con esos crímenes, ya estaríamos en la justicia ordinaria, pero no es así", afirmó la actual senadora.
Lo que es cierto es que la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado de forma lenta por la candidad de modificaciones que han querido hacer los diferentes partidos políticos, impidiendo que se lleve acabo la implementación de lo acuerdo de paz firmado en el año 2016.
