Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, envió una carta al presidente del Congreso, Ernesto Macías, con las observaciones que tiene sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estas se votarán en plenaria del Senado el próximo lunes.
El fiscal enfatizó cuatro puntos desde la perspectiva de la política criminal y en favor de contribuir a la paz. En este sentido, consideró son pertinentes de mencionar la extradición de quienes ofrezcan verdad, los colados en las listas de lo exguerrilleros y la suspensión de las investigaciones por la Fiscalía. También, la selección de los casos más graves y representativos por parte de esta jurisdicción.
Extradición de excombatientes
Martínez, señaló que la objeción sobre la extradición afectaría los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial y de la consolidación de una política criminal.
"Surgiría la posibilidad de que cualquier delincuente pueda reclamar la aplicación de la prerrogativa de 'no extradición', so pretexto de ofrecer "su verdad" a la justicia de transición", expresó el Fiscal.
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Los colados en la JEP
El fiscal alega que debe ser la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la autoridad que impida la acreditación "de delincuentes comunes en la lista de reinsertados".
Para reforzar su defensa, destacó que en los últimos cuatro años, la oficina ha excluido 383 personas relacionadas en los listados que fueron presentados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que no pertenecían a esta organización.
"Debe resaltarse que 70 personas alcanzaron a ser certificadas por el Gobierno Nacional como miembros de las Farc, pero posteriormente fueron excluidas (...). De estas personas, 24 de ellas se encuentran pedidas en extradición en este momento", manifestó la misiva.
La Fiscalía también debe investigar
Martínez afirmó que el hecho de que la Fiscalía ya "no pueda ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales, implica de facto la suspensión de las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que adelanta la jurisdicción ordinaria".
Además, reclama que a futuro la jurisdicción internacional tenga que asumir estos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, porque "las jurisdicciones nacionales no investigan genuinamente los mismos".
En la carta, el alto funcionario califica como un riesgo "cualquier posibilidad de que los actores de conflicto deban concurrir ante la Corte Penal Internacional, como si Colombia fuese un estado de derecho fallido".
Los máximos responsables
Finalmente, el fiscal general expresó que "la JEP no se limite a investigar y procesar únicamente a los "máximos responsables" de crímenes de guerra, lesa humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos, sino también a quienes tuvieron participación no determinante en tales hechos".
