El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias pide a través de un nuevo documento que no se le extradite a Colombia, entre otros argumentos, porque teme represalias por su apoyo a la política uribista de mano dura contra los grupos armados durante los gobiernos de Uribe.
En la nueva solicitud difundida en redes sociales por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Arias reitera al juez del caso John O’Sullivan sobre la "persecución política", además habla de las acusaciones "políticamente motivadas" contra el expresidente Uribe y sus colaboradores, que hacen del caso un ejemplo de este tipo de persecución.
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/878610280229609472
Arias fue sentenciado a 17 años de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2014, por su culpabilidad en las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro, AIS.
En el documento se habla de la exagerada condena y la inocencia de Arias.
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Los abogados de Arias presentaron el documento en los límites de la fecha en que se vencía el plazo otorgado por O'Sullivan, para argumentar en contra de dicha extradición.
El exministro, quien falló en convertirse en candidato presidencial por el uribismo llegó a Estados Unidos en junio de 2014, pocos días antes de ser condenado en ausencia en la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Después de dicha sentencia solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de la solicitud de extradición presentada por el Estado Colombiano.
Cabe recordar que en marzo pasado el juez aceptó que Arias mantuviera su libertad mientras enfrentaba el juicio de extradición.
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En marzo pasado el Centro Democrático llamó a un debate de control político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. El motivo era analizar si se cometieron irregularidades en las insistentes solicitudes de la canciller para que el exministro Arias fuera extraditado a Colombia.
En diciembre pasado, en una entrevista con el Nuevo Herald, Arias aseguró que salió de Colombia no para evitar su condena, sino por su seguridad, afirmando que es un perseguido político del gobierno del presidente Juan Manuel Santos debido a su oposición al proceso de paz con las Farc, un hecho que el Gobierno siempre ha negado.
