El líder indígena Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia a menos de tres meses de completar su tercer mandato, abatido por lo que denunció como "golpe cívico-político-policial" que le impidió acceder a un cuarto período.
"Mi lucha continúa, pero tengo la obligación de buscar la paz. Duele mucho que entre bolivianos estemos enfrentados, duele mucho que señores y comités cívicos que han perdido [recientes elecciones] lleven a la violencia y enfrentamiento entre bolivianos. Por eso y muchas razones estoy renunciando", dijo Morales a las 16:53 hora local (20:53 GMT).
Morales sería sucedido por la opositora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado que saltó al primer lugar en la línea de sucesión tras las dimisiones de la presidenta y el vicepresidente de esa cámara, Adriana Salvatierra y Rubén Medinaceli, respectivamente.
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El vicepresidente Álvaro García renunció simultáneamente con Morales, tras compartir los casi 14 años de gestión, y prometió mantenerse leal al "movimiento popular", del cual aseguró que volverá "fortalecido".
Con insólita celeridad, la Policía detuvo en la noche a las principales autoridades del Tribunal Electoral, incluida la presidenta María Eugenia Choque, cumpliendo una orden fiscal de proceso penal contra los miembros de ese órgano por un presunto fraude en los comicios del 20 de octubre, ganados por Morales.
"Más allá de la sucesión presidencial, la comunidad política boliviana debe resolver con prontitud y sabiduría cuestiones cruciales como plazos y condiciones de nuevas elecciones y un nuevo Tribunal Electoral", dijo a Sputnik el analista Vicente Guardia, del centro privado de investigaciones sociales Comunidad Cívica.
Agregó que ese acuerdo "puede resultar complicado porque las movilizaciones urbanas que han precipitado la caída de Morales no han tenido líderes políticos sino activistas cívicos a la cabeza".
El primer gobernante indígena boliviano anunció su dimisión en un mensaje por televisión, tras retornar a la región productora de coca de Chapare, su base política y sindical, luego de haber buscado infructuosamente en La Paz un acuerdo político que le permitiera completar su mandato, el 22 de enero.
La renuncia de Morales fue saludada con vítores de manifestantes y ruidosas caravanas de automóviles y motocicletas en las calles de La Paz, donde comenzaron a levantarse los bloqueos que habían paralizado la urbe durante casi tres semanas.
Morales responsabilizó al candidato opositor y expresidente Carlos Mesa (2003-2005), segundo en los pasados comicios, y al líder cívico de Santa Cruz (este) Luis Fernando Camacho, líder de las protestas callejeras, de la violencia extendida en varias ciudades que dejaba un saldo preliminar de al menos tres muertos y más de 300 heridos.
"Esto ha sido un golpe cívico-político-policial", dijo Morales, en alusión a los comités cívicos que comandaron las protestas especialmente fuertes en las ciudades, a la oposición política que denunció fraude en las elecciones y a una cadena de motines policiales que estalló el 8 de noviembre pasado.
Morales afirmó que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que precipitó su caída desde la madrugada del domingo 10 de noviembre, con una recomendación de nuevas elecciones, era una "decisión política" que contradecía la proyección, contenida en el mismo informe, de un resultado electoral que sugería una segunda vuelta.
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En una iniciativa política final, Morales había decidido a primera hora nuevas elecciones y el cambio del Tribunal Electoral, pero estos anuncios no impidieron que la oposición cívica y política cantara victoria y decidiera mantener las movilizaciones en demanda de la renuncia inmediata del presidente indígena.
"Evo Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar, así como toda la sucesión constitucional (...) para dar lugar a una junta transitoria de gobierno y elecciones en un plazo no mayor de 60 días", dijo el líder cívico Camacho.
A esta posición se sumaron luego Mesa y el resto de candidatos opositores, además de líderes conservadores de varios departamentos, que añadieron la exigencia de que Morales sea inhabilitado como candidato para los nuevos comicios.
La suerte del mandatario indígena quedó ya definitivamente echada cuando la Central Obrera Boliviana y los sindicales mineros, sus principales aliados, la Iglesia católica y los mandos militares y policiales le pidieron que renuncie para evitar un mayor baño de sangre en el país.
"He renunciado a mi victoria en primera vuelta (...), pero renuncio por la campaña violenta contra mis hermanos desatada por Mesa y Camacho, porque no quiero ver más campesinos atropellados por los manifestantes, ni más mujeres de pollera agredidas e insultadas", dijo Morales al anunciar su dimisión.
Añadió que dejaba una Bolivia "soberana e independiente, económica y políticamente, con identidad y dignidad", repitiendo sus mensajes de la campaña electoral en los que presentó la estabilidad, el crecimiento económico, la drástica reducción de la pobreza extrema y la inclusión social como logros principales de su Gobierno.
