Jorge Armando Otálora tiene las característica del personaje de Don Quijote: altruista, idelista, desinteresado, noble. Y el trabajo realizado este año va desde la defensa del pueblo chocoano hasta el regaño a las autoridades sanitarias por la expansion del chikungunya.
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En el siguiente resumen no están todos los asuntos atendidos por la entidad, pero es una radiografía apretada de los enormes problemas del país.
La entidad fue reestructurada, por iniciativa de Otálora, refrendada por el Congreso, “para hacerla más robusta para la defensa de los derechos humanos y particularmente para la atención de las víctimas del conflicto interno”.
Se llegó a un número récord en la historia de la Defensoría del Pueblo. Atendieron 133.493 quejas, la mayoría por incumplimiento en la atención en servicios de salud.
Se creó un área de investigación sobre la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado.
El Grupo de Mediación ha trabajado en conflictos como el paro de la comunidad en el Pacífico Nariñense y Caucano y en 12 misiones de verificación de violación de DD.HH.
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Ha participado en nueve comisiones técnicas nacionales para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol.
La Defensoría vigiló el proceso electoral y recibió y tramitó 4.178 quejas, por presuntos casos de corrupción electoral.
La Defensoría ha venido consolidando modelos como el de los Defensores Comunitarios, la Unidad Móvil para Atención de las Víctimas y las Casas de los Derechos.
El despacho de Otálora estuvo pendiente de las crisis humanitarias más complejas, en las regiones.
En Buenaventura, las intimidaciones y hostigamientos de diferentes grupos ilegales (Farc, ELN y Los Rastrojos) mantienen en confinamiento a 19 comunidades indígenas y afrocolombianas en la zona baja del río San Juan.
El Puerto sobre el Pacífico registró nueve casos de desplazamientos masivos durante 2014 (con un total de 2.007 personas afectadas), generados particularmente por el acoso de que son objeto las comunidades afrodescendientes e indígenas. Hay violencia, desapariciones, desplazamiento forzado y homicidios.
El gobierno destinó $200 mil millones, pero el Defensor insistió en la necesidad de nombrar un gerente para esa región que más allá del concurso de la Fuerza Pública, garantice la inversión social, llamado que finalmente fue escuchado.
Sobre el Chocó, la Defensoría realizó denuncias y solicitudes de control frente a la crítica situación de derechos humanos, situaciones que se derivan de la minería criminal, el conflicto armado, desplazamiento y la presencia de grupos armados ilegales.
Cuarenta y tres barrios de la capital acusaban presencia de 'bandas criminales', mientras la confrontación entre ELN, ‘Urabeños’ y Farc mantenía la zozobra en sitios como el Bajo, Medio y Alto Baudó, donde los desplazamientos son constantes.
La Defensoría realizó misiones de observación, verificación y acompañamiento durante el primer semestre de este año en 60 comunidades de 7 municipios chocoanos afectados por la violencia.
Al cumplir dos años al frente de la Entidad, en septiembre, el Defensor Otálora Gómez trasladó su despacho al departamento del Chocó, durante una semana.
Actualmente, la Defensoría realiza el acompañamiento a las mesas de trabajo entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales para verificar el avance de los proyectos que permitan mejorar las condiciones sociales de los chocoanos.
En La Guajira, después de seis meses de investigación directa, la Defensoría denunció que 43 niños y niñas resultaron muertos durante el 2014 por factores asociados a la desnutrición, el doble de los registrados en 2013. Una vergüenza para el país por el abandono estatal en esa región.
Ha sido evidente la indolencia e inmovilidad de las entidades públicas para atender las necesidades y los derechos más apremiantes de la población, particularmente de los indígenas wayúu.
La Institución encontró elevados índices de necesidades básicas insatisfechas en municipios como Uribia, Manaure, Maicao y la Jagua del Pilar, donde las muertes evitables, la persistencia del riesgo por el desplazamiento de las comunidades y el accionar de los grupos armados ilegales, se extiende a otras localidades como El Molino, Villanueva y Urumita.
Amenazas y violación de derechos humanos
Las amenazas han sido proferidas particularmente contra los Defensores de derechos humanos, líderes sociales, representantes de víctimas, docentes, entre otros.
Los principales actores que amenazan a la población civil son las FARC y los grupos armados ilegales pos-desmovilización de las Autodefensas, que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, Los Rastrojos, el Bloque Meta, Los Libertadores del Vichada, Los Paisas y La Empresa, entre otros.
Una radiografía del SAT de la Defensoría muestra que las llamadas “bandas criminales” permanecen activas en 168 municipios de 27 departamentos, donde están dispersas las estructuras del mismo “Clan Úsuga” (que en algunos sectores se definen como “Autodefensas Gaitanistas”), “Los Rastrojos”, “La Empresa”, los llamados “bloques Meta y Libertadores del Vichada”, “La Oficina de Envigado” y algunos grupos que todavía actúan a nombre de las “Águilas Negras” y “Los Paisas”.
El accionar de las “bandas criminales” también es latente en regiones como Córdoba (particularmente en Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador), Antioquia, Vichada y Guaviare, donde las modalidades delictivas cambian según se trate de jurisdicciones rurales o urbanas.
Los principales departamentos identificados con situaciones de riesgo fueron: Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Huila, Guaviare, Cauca, Chocó, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Tolima, Amazonas y Vichada.
Grave situación en Cali
La Defensoría ha advertido que 250.000 personas residentes en la zona urbana, especialmente 30 barrios de 12 comunas de la ciudad se encuentran en situación de riesgo ante la disputa que libran Los Rastrojos y Los Urabeños que buscan el control territorial y poblacional a través de actividades ilícitas como: la extorsión y la micro extorsión, narcomenudeo, el abastecimiento de insumos para la producción y procesamiento de narcóticos, y el control de rutas del narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, entre otros. Adicionalmente se registra la presencia de milicianos de las Farc en algunos de los barrios identificados en riesgo.
La confrontación entre grupos armados ilegales en la capital del Valle ha generado desplazamientos forzados intraurbanos cuyo registro sistemático por parte de las entidades ha sido complejo; además de las amenazas proferidas por los integrantes de los grupos armados, la implantación de las “fronteras invisibles”, las extorsiones, entre otros hechos de violencia. Buena parte de los casos de desplazamiento forzado se producen por el temor de la población de quedar en medio de los enfrentamientos y ver en riesgo la vida e integridad personal.
Tutelas en salud
Los colombianos tuvieron que acudir a 454.500 acciones para evitar vulneraciones de cualquier derecho fundamental, de las cuales 115.147 tutelas fueron para reclamar violaciones al derecho fundamental a la salud.
Pensiones
Luego de sentar a las cabezas del ISS en Liquidación, de Colpensiones, del Ministerio del Trabajo, la Defensoría ha venido participando como garante de los acuerdos para lograr que el sistema pensional se ponga al día en materia de reconocimientos pensionales. En las mesas técnicas la Defensoría también plantea casos prioritarios para que se establecen criterios, compromisos y respuestas de Colpensiones y se garantice la calidad de las mismas.
Población LGBTI
Se realizó el primer informe sobre la situación de derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (sectores sociales LGBTI), en el marco del conflicto armado, denominado: “Voces Ignoradas: La situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversa en el conflicto armado colombiano”.
Cárceles
Nunca en la historia del país la problemática carcelaria fue tan grave como ahora, cuando el hacinamiento alcanzó el máximo histórico de 60%. Actualmente, la capacidad de las cárceles es de 77.874 cupos, pero la población reclusa llega a los 115.328 internos, lo cual equivale al 48% de sobrecupo.
Se amparó el derecho a la salud de más de 14.800 reclusos del departamento de Antioquia. De igual modo, mediante sentencia del 10 de septiembre se ordenó a Caprecom garantizar el servicio médico a la población reclusa del establecimiento de Quibdó.
La Defensoría ganó una tutela con la que se ordenó la construcción de una barrera de protección en los pisos altos de la Penitenciaría de Picaleña, en Ibagué. Tambipen evidenció la situación de los internos con problemas psiquiátricos en el país y se elaboró una acción de tutela con miras a que se amparen los derechos fundamentales de los enfermos siquiátricos recluidos en el centro de reclusión de Jamundí.
En el país hay 2.060 internos con problemas de salud mental y solo 120 cupos habilitados para este tipo de internos.
Víctimas y paz
Luego de coordinar durante casi dos años las mesas municipales y departamentales de víctimas y de instalar la Mesa Nacional Efectiva para la Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto la Defensoría viene ejerciendo la secretaria técnica de dicha mesa.
La Defensoría brindará a las víctimas y a sus familias un acompañamiento decidido desde los niveles regional y nacional, a través del monitoreo de riesgo, la asistencia psicojurídica, la atención de sus peticiones y el impulso a la gestión de las instituciones oficiales.
El Defensor les recordó a los negociadores que están en Cuba, tanto representantes del Gobierno como de las Farc, que las víctimas no tienen distinción ni condición. Los afros, indígenas, mujeres, niñas y niños, todos tienen que tener voz en Cuba. Ellos tienen que llevar una agenda de su comunidad.
Amenazas y violación de derechos humanos
Las amenazas han sido proferidas particularmente contra los Defensores de derechos humanos, líderes sociales, representantes de víctimas, docentes, entre otros.
Los principales actores que amenazan a la población civil son las FARC y los grupos armados ilegales pos-desmovilización de las Autodefensas, que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, Los Rastrojos, el Bloque Meta, Los Libertadores del Vichada, Los Paisas y La Empresa, entre otros.
Una radiografía del SAT de la Defensoría muestra que las llamadas “bandas criminales” permanecen activas en 168 municipios de 27 departamentos, donde están dispersas las estructuras del mismo “Clan Úsuga” (que en algunos sectores se definen como “Autodefensas Gaitanistas”), “Los Rastrojos”, “La Empresa”, los llamados “bloques Meta y Libertadores del Vichada”, “La Oficina de Envigado” y algunos grupos que todavía actúan a nombre de las “Águilas Negras” y “Los Paisas”.
El accionar de las “bandas criminales” también es latente en regiones como Córdoba (particularmente en Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador), Antioquia, Vichada y Guaviare, donde las modalidades delictivas cambian según se trate de jurisdicciones rurales o urbanas.
Los principales departamentos identificados con situaciones de riesgo fueron: Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Huila, Guaviare, Cauca, Chocó, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Tolima, Amazonas y Vichada.
Grave situación en Cali
La Defensoría ha advertido que 250.000 personas residentes en la zona urbana, especialmente 30 barrios de 12 comunas de la ciudad se encuentran en situación de riesgo ante la disputa que libran Los Rastrojos y Los Urabeños que buscan el control territorial y poblacional a través de actividades ilícitas como: la extorsión y la micro extorsión, narcomenudeo, el abastecimiento de insumos para la producción y procesamiento de narcóticos, y el control de rutas del narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, entre otros. Adicionalmente se registra la presencia de milicianos de las Farc en algunos de los barrios identificados en riesgo.
La confrontación entre grupos armados ilegales en la capital del Valle ha generado desplazamientos forzados intraurbanos cuyo registro sistemático por parte de las entidades ha sido complejo; además de las amenazas proferidas por los integrantes de los grupos armados, la implantación de las “fronteras invisibles”, las extorsiones, entre otros hechos de violencia. Buena parte de los casos de desplazamiento forzado se producen por el temor de la población de quedar en medio de los enfrentamientos y ver en riesgo la vida e integridad personal.
Tutelas en salud
Los colombianos tuvieron que acudir a 454.500 acciones para evitar vulneraciones de cualquier derecho fundamental, de las cuales 115.147 tutelas fueron para reclamar violaciones al derecho fundamental a la salud.
Pensiones
Luego de sentar a las cabezas del ISS en Liquidación, de Colpensiones, del Ministerio del Trabajo, la Defensoría ha venido participando como garante de los acuerdos para lograr que el sistema pensional se ponga al día en materia de reconocimientos pensionales. En las mesas técnicas la Defensoría también plantea casos prioritarios para que se establecen criterios, compromisos y respuestas de Colpensiones y se garantice la calidad de las mismas.
Población LGBTI
Se realizó el primer informe sobre la situación de derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (sectores sociales LGBTI), en el marco del conflicto armado, denominado: “Voces Ignoradas: La situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversa en el conflicto armado colombiano”.
Cárceles
Nunca en la historia del país la problemática carcelaria fue tan grave como ahora, cuando el hacinamiento alcanzó el máximo histórico de 60%. Actualmente, la capacidad de las cárceles es de 77.874 cupos, pero la población reclusa llega a los 115.328 internos, lo cual equivale al 48% de sobrecupo.
Se amparó el derecho a la salud de más de 14.800 reclusos del departamento de Antioquia. De igual modo, mediante sentencia del 10 de septiembre se ordenó a Caprecom garantizar el servicio médico a la población reclusa del establecimiento de Quibdó.
La Defensoría ganó una tutela con la que se ordenó la construcción de una barrera de protección en los pisos altos de la Penitenciaría de Picaleña, en Ibagué. Tambipen evidenció la situación de los internos con problemas psiquiátricos en el país y se elaboró una acción de tutela con miras a que se amparen los derechos fundamentales de los enfermos siquiátricos recluidos en el centro de reclusión de Jamundí.
En el país hay 2.060 internos con problemas de salud mental y solo 120 cupos habilitados para este tipo de internos.
Víctimas y paz
Luego de coordinar durante casi dos años las mesas municipales y departamentales de víctimas y de instalar la Mesa Nacional Efectiva para la Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto la Defensoría viene ejerciendo la secretaria técnica de dicha mesa.
La Defensoría brindará a las víctimas y a sus familias un acompañamiento decidido desde los niveles regional y nacional, a través del monitoreo de riesgo, la asistencia psicojurídica, la atención de sus peticiones y el impulso a la gestión de las instituciones oficiales.
El Defensor les recordó a los negociadores que están en Cuba, tanto representantes del Gobierno como de las Farc, que las víctimas no tienen distinción ni condición. Los afros, indígenas, mujeres, niñas y niños, todos tienen que tener voz en Cuba. Ellos tienen que llevar una agenda de su comunidad.
