El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, elevó un S.O.S al gobierno nacional frente al incremento de amenazas, presiones y agresiones recibidas por sus funcionarios en todo el país.
“Algunos grupos armados ilegales creen que la entidad es la causante de sus reveses y la están emprendiendo contra nosotros. Estamos teniendo situaciones muy trágicas que rayan con el sicariato y el terrorismo”, explica Otálora.
En meses anteriores hubo hostigamiento en algunas casas, con utilización de artefactos explosivos. Un funcionario de Santa Marta sufrió un atentado con seis disparos y por fortuna sobrevivió. En otro atentado, murió un funcionario en el Meta.
En Puerto Tejada una funcionaria con 17 años de servicio a la institución perdió la vida, acribillada por sicarios.
En Yolombó, Antioquia, un funcionario fue retenido por algunas horas, para que llevara un mensaje a todos los defensores públicos de Antioquia: que se abstuvieran de ejercer su función en la Defensoría cuando se trate de guerrilleros o personas vinculadas a grupos al margen de la ley.
“La Defensoría cumple una función constitucional y legal, y la prueba de ello es que el mismo sujeto que atentó contra el funcionario en Santa Marta, recibió defensoría jurídica por parte de un abogado de la entidad”.
La situación más grave se presenta en el Meta “donde todos los defensores públicos están con protección para ejercer una función eminentemente humanitaria, encaminada a la protección y promoción de los derechos humanos”.
Situaciones igualmente complicadas se presentan con defensores regionales en Magdalena, Risaralda y Cauca.
Otálora eleva una súplica a todos los colombianos: “El llamado que hacemos desde la Defensoría es que entiendan que nuestra función es eminentemente humanitaria. Nos toca defender a quien demuestre que no tiene los recursos, o en muchos escenarios por orden judicial como lo han solicitado y ordenado funcionarios judiciales, magistrados, jueces, para que no se venzan los términos. Nos han puesto la tarea de defender a muchas personas vinculadas con el narcotráfico y con delitos de variada naturaleza…”
¿Cómo va a enfrentar la situación, doctor Otálora?
He estado en contacto con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, con el director de la Policía, con la Unidad de Protección, y en los próximos días haremos una reunión con el Gobierno Nacional para mirar el panorama de todo el país. Es una situación de emergencia para la institución.
¿Hay terror en la situación?
Pues sí… porque han llegado a tirar artefactos explosivos a la casa de funcionarios que simplemente están cumpliendo una misión humanitaria. Nosotros no tenemos por qué estar en medio de esos enfrentamientos y guerras que se presentan entre los grupos armados ilegales, o la misma guerrilla.
Debemos seguir cumpliendo la función porque es nuestra obligación pero no hacemos parte del problema y la solución. Denunciamos las violaciones a los derechos humanos y defendemos a la población civil que se ve afectada. Mi tarea es precisamente visibilizar toda esa problemática en las diferentes regiones del país.
¿Usted visibiliza, los demás investigan y profundizan?
Esa es fundamentalmente la tarea, mejor no pudo haberlo concluido. Por eso muchas veces la institución es solicitada y convocada para temas humanitarios por la misma guerrilla y los mismos grupos armados ilegales.
Somos el puente entre la comunidad y el Estado. Le exigimos a las instituciones que cumplan su tarea, como lo hemos venido haciendo por ejemplo en el tema de cárceles. Diariamente interponemos tutelas o le reclamamos a funcionarios del gobierno el respeto de las libertades legales de todos los ciudadanos.
Nos dijo el nuevo director del Inpec que en su lista hay 288 personas con alto nivel de criminalidad que tienen cárcel domiciliaria, ¿conocía usted la cifra?
Los jueces tienen autonomía y total independencia al momento de tomar las decisiones, pero nosotros sugerimos utilizar de manera más prudente esa figura de la cárcel domiciliaria.
¿Hay fallas al respecto?
En ocasiones hemos tenido que recurrir a la Procuraduría, que tiene facultades procesales para apelar decisiones de esa naturaleza.
¿Usted visibiliza, los demás investigan y profundizan?
Esa es fundamentalmente la tarea, mejor no pudo haberlo concluido. Por eso muchas veces la institución es solicitada y convocada para temas humanitarios por la misma guerrilla y los mismos grupos armados ilegales.
Somos el puente entre la comunidad y el Estado. Le exigimos a las instituciones que cumplan su tarea, como lo hemos venido haciendo por ejemplo en el tema de cárceles. Diariamente interponemos tutelas o le reclamamos a funcionarios del gobierno el respeto de las libertades legales de todos los ciudadanos.
Nos dijo el nuevo director del Inpec que en su lista hay 288 personas con alto nivel de criminalidad que tienen cárcel domiciliaria, ¿conocía usted la cifra?
Los jueces tienen autonomía y total independencia al momento de tomar las decisiones, pero nosotros sugerimos utilizar de manera más prudente esa figura de la cárcel domiciliaria.
¿Hay fallas al respecto?
En ocasiones hemos tenido que recurrir a la Procuraduría, que tiene facultades procesales para apelar decisiones de esa naturaleza.
