En una carta dirigida al presidente Iván Duque -y firmada por Miguel López Forastier (abogado especialista en pleitos internacionales)- Uber notificó al Estado colombiano que está dispuesto a entablar una demanda en su contra por, supuestamente, violar las leyes del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La plataforma explicó que "es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia" y que, por esta razón, está protegida en virtud del Tratado.
[single-related post_id="1229090"]
El pleito inició cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó suspender la aplicación móvil de transporte el pasado 20 de diciembre. La demanda, interpuesta por COTECH S.A., señaló que Uber debía cesar la prestación del servicio en todo el territorio nacional, pues alegó que "se había presentado un caso de competencia desleal (…) por violación de normas y desviación de clientela”.
Dicho documento planteó que la empresa desarrolla, respalda y posee una plataforma tecnológica que permite a los proveedores independientes de servicios de viaje compartido celebrar contratos de transporte con pasajeros en Colombia.
La empresa enfatizó que en otras compañías que prestan servicios similares en Colombia y en otros países de la región, "no han sido sometidas al mismo tratamiento y siguen operando con normalidad".
La empresa enfatizó que en otras compañías que prestan servicios similares en Colombia y en otros países de la región, "no han sido sometidas al mismo tratamiento y siguen operando con normalidad".
También aseguró que ha contribuido al crecimiento de la economía colombiana con sus más de 230 empleados en el país desde el 2013.Por otro lado, reprochó la orden brindada por la SIC, en la que requería que las compañías de telecomunicaciones en Colombia suspendieran las transmisiones, el almacenamiento y el acceso a la Plataforma Uber en Colombia, pues aseguró que esto "constituye un acto de censura e incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen la neutralidad de la red, la libertad de expresión en internet y su uso". Según Uber, esta orden fue emitida el último día del calendario judicial en Colombia con la aparente intención de impedir la revisión inmediata del recurso de apelación. Afirmó que esta decisión, que tuvo efecto inmediato, "ha frustrado sustancialmente las operaciones comerciales de la empresa en Colombia". Además, la carta expresó que "la orden de la SIC fue precedida por una que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción". La compañía informó al Estado que, en caso de que la disputa no pueda resolverse de manera amistosa o se nieguen a negociar, presentará la disputa para su resolución mediante arbitraje vinculante en virtud del Artículo 10.15 y 10.16 del Tratado.
