Luego de conocerse la decisión de la Comisión Europea de incluir a Panamá en la lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el gobierno de ese país rechazó de manera “contundente” a través de un comunicado la decisión de la organización europea.
La misiva expresó que, considerando la necesidad de que la publicación emitida por la Comisión Europea debe ser aprobada por el Parlamento Europeo en un periodo menor a un mes, Panamá “continuará sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la comisión”. Además, el Gobierno Nacional instó a la organización europea a “establecer un diálogo franco y continuo” valorando el compromiso del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales adecuando su legislación.
El pasado 29 de enero, la Asamblea Nacional panameña aprobó el proyecto de ley 591 que tipifica la evasión fiscal en el Código Penal y se considera como delito producto del lavado de capitales. De acuerdo a la iniciativa legislativa, la pena judicial por defraudar al Tesoro Nacional con el pago de tributo superior a los 300 mil dólares será de dos a cuatro años.
Además, el 13 de febrero el Legislativo aprobó el proyecto de ley 692 que crea el Código de Procedimiento Tributario con la creación de jueces y arbitrajes encargados de manejar los procedimiento de contribuyentes, cuyo objetivo según el comunicado emitido por la Asamblea Nacional es cumplir con los requisitos “para evitar que el país entre a las listas grises de naciones que no cooperan en la lucha contra el blanqueo de capitales” y las recomendaciones hechas por instancias como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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El Gobierno panameño catalogó la inclusión en la lista como poco coherente y cuestionó que pese a los esfuerzos realizados por parte de la embajada y representación diplomática en la Unión Europea, su país no haya tenido la oportunidad de “informar o responder sobre las acciones tomadas en legislación y practica”.
En efecto, el Estado panameño instó a la Comisión Europea a reconsiderar la medida y estableció que mientras se resuelve la aprobación o no de la decisión, llamará a consultas al representante de Panamá ante la Unión Europea, el embajador Miguel Verzbolovskis, considerando que para el país “ha sido opaco el proceso que llevó a cabo esta instancia europea en la elaboración de la lista”, ya que no hubo interacción alguna en el análisis.
En agosto del año pasado, Colombia elevó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una queja por el presunto incumplimiento por parte del país a compromisos de intercambio de información y advirtió que dichas acciones podrían acarrear sanciones ante la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno Nacional señaló no haber firmado compromisos bilaterales con Colombia para intercambiar información y el país sudamericano tampoco hace parte de los 33 países con los que anunció que compartiría información.
