La Superintendencia de Transporte solicitó explicaciones a Uber Colombia el pasado 6 de diciembre, sobre presunto incumplimiento de la orden expedida previamente por la entidad de no cesar la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados.
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Según el ente de control, la sociedad habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros.
Uber no atendió el requerimiento de la SuperTransporte, por lo tanto, tendrán que pagar una multa correspondiente a $414.058.000 que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Contra la decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa.
Ante esto, la empresa envió un comunicado en el que dice que "atendió oportunamente la solicitud de explicaciones emitida por la Superintendencia de Transportes el día 6 de diciembre. De hecho, y para ejercer el derecho de defensa, la compañía solicitó información sobre las acusaciones y no recibió respuesta".
"La reciente decisión administrativa emitida por la Superintendencia de Transportes no está en firme. Uber Colombia S.A.S. oportunamente presentará los recursos de Ley".
Por su parte, en octubre, Uber informó sobre el retiro de una inversión de US$40 millones en Colombia para la construcción de su tercer Centro de Excelencia de Latinoamérica, que iba a ser inaugurado en 2020 y generaría 600 empleos directos en Bogotá.
La compañía aseguró que tomó la decisión “a causa de los seis años en los que llevamos buscando una conversación regulatoria que nos lleve a una estabilidad jurídica en el país, pero que no ha avanzado".
