La compañía estadounidense Uber ha decidido recurrir a la legislación comunitaria para frenar la prohibición de su aplicación móvil "UberPOP", que pone en contacto a pasajeros y conductores particulares, en la Unión Europea (UE). Lea también: Así opera Uber en la clandestinidad
España, Francia y Alemania han sido hasta ahora los países contra los que Uber ha decidido actuar a escala europea mediante la presentación de quejas a la Comisión Europea (CE), al considerar que han impuesto a su servicio restricciones injustificadas y contrarias a los principios comunitarios. También le puede interesar: A los socios de Uber no les gusta UberX
"En la UE, los Estados miembros están adoptando enfoques legales fundamentalmente diferentes sobre Uber, un servicio tecnológico. Este tratamiento diferente viola los principios del mercado único" comunitario, explicó el jefe de política de la compañía en Europa, Mark Macgann. Vea también: ¿El Congreso ‘le jala’ a Uber o a taxi?
"Uber ha pedido a la Comisión Europea que actúe contra Francia, Alemania y España", agregó Macgann, al tiempo que recordó que "el Tratado de la UE requiere a los Estados miembros que den a todas las compañías la libertad de ofrecer servicios nuevos de manera no discriminatoria".
La última de las quejas de Uber en llegar a Bruselas ha sido la que denuncia el comportamiento de España, en concreto de las autoridades regionales de Madrid, Barcelona y Valencia.
En un documento de 38 páginas, la compañía, que dice ser un "negocio de software tecnológicamente innovador" y no un "transportista", detalla los principios comunitarios que, en su opinión, han violado las decisiones adoptadas en España.
Uber considera que España no ha respetado la libre prestación de servicios, ni la libertad de establecimiento, así como tampoco las directivas de comercio electrónico, servicios, servicios de pago, ni el marco legal en materia de telecomunicaciones, o el principio de neutralidad tecnológica.
Por estos motivos, reclama a la CE que abra un "procedimiento de infracción contra España inmediato" en caso de que constate que su actuación supone un incumplimiento de la legislación de la UE y que obligue a las autoridades del país a derogar todas las restricciones a la actividad de Uber.
El Ejecutivo comunitario mantiene al respecto la misma línea que cuando recibió la primera queja de Uber contra Francia en diciembre pasado.
La CE asegura que siempre ha apoyado el desarrollo de servicios de movilidad nuevos e innovadores con el propósito de aumentar la transparencia, dar más opciones a los consumidores y reducir los costos, pero también recuerda que la prestación de servicios de taxi actualmente recae bajo la competencia de los Estados miembros.
Bruselas solo se permite recordar a los gobiernos nacionales que sus decisiones deben respetar los principios generales de la legislación de la Unión como la proporcionalidad, la no discriminación sobre la base de la nacionalidad y la libertad de establecimiento, pero también subraya que estos servicios nuevos no pueden ser utilizados para eludir las normas nacionales.
Es habitual que al ser preguntados por las quejas recibidas contra España, Francia y Alemania, los portavoces comunitarios se limiten a confirmar que las han recibido y que "están siendo analizadas detenidamente".
"La evaluación de estas quejas no constituye una fase del procedimiento de infracción", añade su portavoz comunitario Jakub Adamowicz.
La CE prevé comenzar en breve un estudio sobre el sector del taxi y los servicios de transporte con conductor privado con vistas a recabar información suficiente que permita decidir si es necesario tomar medidas a escala comunitaria y de qué tipo, indicó también el portavoz.
"Realizaremos esta evaluación cuando hayamos completado nuestro análisis de las quejas", añadió.
Bruselas ya dijo a finales del año pasado que en 2015 decidirá si considera a Uber como un servicio de transporte o como uno tecnológico, una cuestión que resulta clave para decidir qué legislación nacional y comunitaria debe aplicarse a este servicio.
Uber, que está presente en más de 250 ciudades de 54 países, 19 de los cuáles son comunitarios, mantiene litigios en España, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda a raíz de las protestas del sector del taxi, que denuncia que la empresa ejerce una competencia desleal al ofrecer un servicio remunerado de transporte con conductor privado sin tener licencia.
*Con información de la Agencia EFE
