En el Palacio de Naciones Unidas la delegación del Gobierno, encabezada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, entregó el Exámen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos. Un momento crucial para el Estado colombiano y las relaciones del país con la comunidad internacional.
"Como Estado reconocemos que la firma del Acuerdo no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa", fueron las palabras de Rivera para los representantes internacionales de ONU.
Esa fue la bandera del Gobierno ante la ONU, el Acuerdo de Paz, del que rescataron que tras la firma se logró, en el 2017, la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años, se salvaron 3.000 vidas y se disminuyó el secuestro, desaparición y la extorsión. "El desminado humanitario permitió una reducción de más del 95% en el número de afectados en los últimos diez años", de estos se están adelantando labores en 232 municipios.
Asimismo, el informe presentó que tres millones de víctimas han recibido alguna medida de reparación, 4 millones de desplazados han sido atendidos con ayuda humanitaria y cientos de comunidades y colectivos adelantan procesos de reparación. En materia de restitución, 300.000 hectáreas de tierra han sido devueltas a sus legítimos dueños beneficiados en la Ley de Restitución de Tierras.
En cifras de inversión se destacó la inversión de 1.8 billones de dólares en restutición, construcción y entrega de 140.000 viviendas. La salida de más de 5 millones de personas de la pobreza durante los últimos 7 años y se comprometieron a erradicarla para 2030.
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Uno de los temas a los que mayor atención prestó la comunidad internacional y la cual generó mayores preocupaciones fue la violencia y asesinato contra líderes sociales, de los cuales van 37 asesinatos en lo corrido del año y desde la firma del Acuerdo, la Defensoría estima que son 282 las víctimas por su papel de líder social.
"Manifiesto nuestro absoluto rechazo a todo tipo de violencia en contra del ejercicio de su labor, y reconocemos su trabajo como elemento fundamental en el fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho”, afirmó el ministro del Interior.
Respecto a este tema, el ministro Rivera afirmó que el Gobierno trabaja en coordinación con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para políticas basadas en prevención y protección. Además, destacó el programa Integral de Seguridad y Protección a comunidades y el sistema de alertas tempranas.
Sin embargo, el Gobierno recibió recomendaciones sobre la sanción e investigación a los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos en términos de atención a líderes y el esclarecimiento del caso de ejecuciones a manos del Ejército, que ha sido conocido como 'Falsos Positivos'.
También recibió consideraciones por el apoyo a los refugiados venezolanos en el país y la aprobación del matrimonio gay. Pero se le retó a reducir la violencia de género y el asesinato de civiles.
"El compromiso de Colombia es la consolidación de un Estado garante de los derechos humanos, a través de la institucional con la que contamos, la cual se ha visto fortalecida con la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo de Paz. Nuestro compromiso inquebrantable es alcanzar una paz con derechos humanos”, agregó el ministro Rivera.
Este examen, el cual Colombia presenta por tercera vez, consiste en evaluar los avances, preocupaciones y problemáticas para que la comunidad internacional compuesta por 193 formule sus recomendaciones al Estado, este debe asumir los retos e implementar políticas para resolver las diversas situaciones.
