La Fiscalía General dijo este martes que ordenó que se detenga de manera preventiva a tres integrantes de la cúpula del Comando Central (COCE) de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecen en La Habana, a quienes vincula con el asesinato de dos periodistas en 1991.
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"En las últimas horas un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos... impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra... Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", y Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias "Antonio García", señaló la Fiscalía en un comunicado.
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Los jefes guerrilleros son señalados como presuntos autores mediatos del homicidio agravado de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, ocurrido el 24 de abril de 1991 en el municipio de Segovia (Antioquia).
"El ente investigador determinó que los dos comunicadores viajaron (desde Bogotá) hasta Segovia para recaudar información que les permitiera narrar en una crónica los hechos sucedidos el 11 de noviembre de 1988, en lo que se conoció como la "Masacre de Segovia", y que dejó 46 personas asesinadas y 45 más heridas producto de una incursión paramilitar", explicó la Fiscalía.
Sin embargo, cuatro horas después de llegar a Antioquia, los dos reporteros fueron atacados a bala por integrantes del ELN que se desplazaban en motocicleta, quienes creyeron que aquellos hacían parte de la inteligencia militar.
Durante el recaudo de pruebas los investigadores de la Fiscalía lograron determinar que dos milicianos del ELN que coordinaron el asesinato y dos más que los cometieron fallecieron por motivos ajenos a ese crimen, por lo que esa circunstancia "imposibilita el ejercicio de la acción penal contra ellos".
Asimismo, el organismo determinó que el homicidio no fue una decisión aislada, sino que correspondió a órdenes impartidas por superiores del ELN.
El asesinato fue declarado como crimen de guerra por la Fiscalía General de la Nación en diciembre pasado.
"Eran civiles que no participaban en el conflicto", argumentó el ente investigador tras recordar los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, por lo cual consideró aplicable las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"En este caso, la investigación da por probado que con las muertes de Chaparro Hurtado y Torres Navas se cumple claramente el nexo con el conflicto interno, y que no fueron asesinados por su condición de periodistas", consideró la Fiscalía.
Los líderes guerrilleros permanecen en La Habana ya que era ahí donde se desarrollaban los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano, pero este los canceló de manera unilateral luego de que la guerrilla se adjudicó un atentado con coche bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que dejó 22 personas muertas y más de 60 heridas, el cual se cometió en enero de 2018.
Por ese hecho Colombia reclama a La Habana que entregue en extradición a los antiguos jefes negociadores de paz del ELN, a quienes señala como responsables.
Sin embargo, Cuba sostiene que no entregará a los guerrilleros y que respeta los protocolos de ruptura de las negociaciones de paz, que prohíben la extradición de cualquiera de ellos.
