El pueblo indígena Yukpa reiteró que dos menores de su comunidad fueron envenenados en el municipio de Codazzi en Cesar, un hecho que demuestra un profundo conflicto territorial entre la comunidad y los terratenientes privados. La comunidad ya había denunciado el hecho ante las autoridades.
Aunque el hecho sucedió el 14 de diciembre de 2018, a orillas del río Casacará, hasta hace quince días las autoridades indígenas lograron que la Fiscalía y Medicina Legal se comprometieran a realizar la autopsia a los cuerpos de los niños. Por eso volvieron a reiterar la denuncia, que según ellos, quedó relegada tras la respuesta de los Yukpa al presunto asesinato.
Ese día de diciembre, 20 miembros de la comunidad llegaron al río para cazar. El lugar está ubicado a unos 20 minutos del territorio, la finca 'La Once' que desde hace más de 40 años pertenece a un colono. Mientras lo mayores ejercían esa labor, los hermanos Reinaldo y Luisa Fernanda Peñaloza Franco de 3 y 6 años respectivamente, se quedaron a cerca de la casa de la finca esperando a los padres.
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Cuando estos regresaron a recogerlos se dieron cuenta de que los menores tenían signos de malestar de salud, los trasladaron al resguardo y sobre las 7:00 y 8:00 pm. de ese mismo día, los menores fallecieron, al parecer víctimas de envenenamiento.
Por tradición cultural, la comunidad los enterró ese mismo día, para un desentierro al mes, que daba el día 9 de enero. Para esa fecha las autoridades solicitaron la visita de Medicina Legal para realizar el dictamen de la muerte, pero estas se negaron a asistir a la comunidad, según afirmaEduar Álvarez, asesor de la comunidad.
En represalia, los indígenas fueron hasta el predio de la finca 'La Once' y la quemaron, así mismo encontraron herbicidas y otros materiales con los que suponen se envenenó a los niños. "Después de esos hechos se denunció ante una comisión con el gobierno, pero la prensa y las autoridades solo hablaban de finca quemada, pero no la muerte de los niños", afirmó Álvarez en diálogo con KienyKe.com.
Según el asesor, los niños alcanzaron a relatar haber recibido una bebida en la finca mientras los padres no estaban.
"Para poder entender el problema hay que saber que los Yukpa son indígenas nómadas y seminómadas, entonces necesitan espacio para recolectar y cazar, pero a partir de los años 40 les quitaron su territorio por los proyectos de palma y mineroenergéticos y fueron desplazados hacia la parte alta de la Serranía del Perijá", explica Álvarez.
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Los resguardos que la comunidad mantiene son muy reducidos para las actividades propias de la comunidad, encerrados entre las plantaciones de palma y algodón que controlan las fincas y que necesariamente tienen que ser atravesadas por los Yukpas para bajar al río.
En la finca 'La Once', según afirman los habitantes, otro miembro de la comunidad había sido amarrado en la entrada del predio para evitar que bajaran a cazar. El conflicto por el territorio lleva décadas y no ha sido resuelto, aún cuando el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, les había prometido comprar la finca para anexarla al resguardo.
Fue hasta el pasado miércoles que Álvarez y los líderes de la comundiad lograron, a través de derechos de petición, que Medicina Legal recogiera los cuerpos para el análisis. La espera hizo que la comunidad, por primera vez en su historia, rompiera el ritual de la muerte y desenterrara un cuerpo dos veces. Ahora reiteran sus denuncias y esperan el resultado de las autoridades.
Sin embargo, el jueves 14 de marzo, los padres y Autoridades Yukpas, por teleconferencia hablaron con Claudia Adriana del Pilar García Fino, Directora Nacional de Medicina Legal, quien les informó que “no se podía adelantar el dictamen forense, porque algunos tóxicos, después de 24 horas, pueden perder el rastro en los cuerpos”.
Con esta denuncia no solo esperan que se haga justicia en el caso de la muerte de los menores, sino que se reconozca la situación de la comunidad Yukpa respecto a la falta de territorio para el mantenimiento de su existencia.
