La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la violencia y la participación de la fuerza pública en el proceso político que vive Bolivia. Así lo indicó a través de un comunicado oficial publicado este miércoles.
El órgano multilateral llamó al “respeto de la institucionalidad democrática” en el país, así como al “apego a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la población”.
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Bolivia vive una intensa crisis política y social desde las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo Morales fue reelegido para un cuarto mandato. Diferentes sectores políticos y sociales denunciaron corrupción en las elecciones y rechazaron los resultados.
Desde el inicio de las protestas, la CIDH ha advertido sobre graves actos de violencia, que habrían resultado en al menos cuatro personas fallecidas, 426 heridas y 227 detenidas.
La crisis política se vio agravada a partir del motín policial ocurrido el 8 de noviembre en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. También se han registrado saqueos e incendios de edificios públicos y privados, incluidas representaciones diplomáticas, así como sedes de partidos políticos y de medios de comunicación.
El 10 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe el sobre el proceso electoral y señaló graves irregularidades. Ante la evidencia, el presidente Morales anunció que convocaría a nuevas elecciones y renovaría todo del Órgano Electoral Plurinacional. Pero los cambios no fueron suficientes para algunos gremios. La Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le pidieron a Morales que renunciara, horas después dimitió.
Luego de la renuncia de Evo Morales, dimitió el vicepresidente, Álvaro Marcelo García, los miembros de su gabinete, así como de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
La comisión resaltó la importancia de que la fuerza pública se mantenga al margen de los procesos políticos de los países. Señaló que, en un Estado democrático de Derecho, “todas las fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, deben someterse al control civil” y abstenerse de incidir en procesos políticos. Además, se mostró preocupada por la “institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Bolivia”.
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