Llegó el día. Cientos de personas saldrán a las calles del país para participar en el gran paro nacional convocado para este jueves 21 de noviembre, con el fin de manifestarse en contra del gobierno del presidente de la República, Iván Duque.
Organizaciones sociales, trabajadoras, docentes, estudiantiles e indígenas han argumentado que esta nueva jornada tiene el objetivo de rechazar la reforma laboral y pensional que, supuestamente, impulsa el gobierno; exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con distintos sectores, decirle "no más" a los asesinatos de líderes sociales e indígenas, entre otras razones.
El presidente Duque, por su parte, ha manifestado públicamente que defiende la protesta social. Sin embargo, indicó que esta tiene que ser pacífica y que hay unos pocos que ven en este derecho "una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos".
Mantener la seguridad
Con el fin de salvaguardar el orden público, el Gobierno Nacional facultó a los distintos mandatarios regionales y locales para que tomen las medidas que consideren necesarias y así se garantice la seguridad en las movilizaciones. Algunas son: la restricción al porte de armas, el toque de queda y la ley seca. Además, desde el lunes se ordenó el acuartelamiento en primer grado de las fuerzas militares y se anunció el cierre de todas las fronteras terrestres y fluviales, que irá hasta las 5 de la mañana del viernes.La protesta: un derecho
Oscar Sierra, abogado penalista, explicó a KienyKe.com que el derecho a la protesta tiene un respaldo constitucional, pues lo consagra de manera expresa el Artículo 37, que dice: "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente".Sierra resaltó los límites de este derecho. Aseguró que ese mismo artículo establece que la protesta tiene que desarrollarse de manera pacífica."Se entiende entonces que ningún acto vandálico contra el orden público está contemplado en el marco de protección del derecho a la protesta. De hecho, es un sin sentido pensar que el Estado deba permitir que una parte del pueblo se pase violentamente por encima de otra, sin importar la causa que los motive", manifestó.
Consecuencias penales de la protesta no pacífica
Sierra dejó claro que la protesta social no está criminalizada en Colombia. Sin embargo, especificó que existen una serie de delitos que usualmente se cometen al transgredir los límites constitucionales de este derecho y que afectan bienes jurídicos como la seguridad pública. [single-related post_id="1213312"] El abogado explicó que, por ejemplo, el Código Penal Colombiano establece la "perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial" o la "obstrucción a vías públicas", que se trata de delitos que lesionan un bien jurídico colectivo."Esto implica que las conductas descritas afectan la convivencia ciudadana, la paz pública o los intereses legítimos de los ciudadanos. Estas conductas contemplan entre los 2 y los 8 años de prisión", señaló.Por otro lado, están delitos como "el daño en bien ajeno", "incendio", "disparo de arma de fuego contra vehículo", "empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas" y "violencia contra servidor público", que, según Sierra, fueron mencionados en la Directiva 008 de 2016 de la Fiscalía General, con la cual se dieron lineamientos a los fiscales delegados que investigan y judicializan eventos relacionados con el derecho a la protesta. [single-related post_id="1214806"] "Estos buscan que el análisis sea de conformidad con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de reunión y de acuerdo con el principio democrático, revistiendo de aún mas garantías el mencionado derecho", sostuvo.
