Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se enfrenta a un nuevo proceso en su contra. El próximo miércoles 1 de agosto una juez decidirá si se le impone o no una medida privativa de la libertad, al ser investigado por presuntas irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol III.
En la audiencia de imputación de cargos en su contra, realizada este lunes 29 de julio, Andrade participó por vía teleconferencia desde un consulado de Colombia en Estados Unidos, país donde se encuentra desde finales del 2018.
La Fiscalía General de la Nación "movió sus fichas" de manera inesperada. Se suponía que pediría cárcel en contra de Andrade mientras se sigue con el caso, pero no lo hizo.
A cambio, solicitó otras medidas restrictivas, como que el exdirectivo se presente al consulado cada vez que sea requerido por la justicia y que pague una fianza de 15 salarios mínimos, es decir, casi 13 millones de pesos.
Los nuevos cargos imputados contra Andrade son: interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.Para el ente investigador, el exdirectivo de la ANI tuvo que ver en las presuntas anomalías del contrato de construcción de Puente Largo, en el municipio de El Plato, Magdalena. [single-related post_id="1148849"] Según dijo, Andrade intervino desde su cargo para beneficiar a un tercero; este sería Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien fue condenado a cinco años por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado en el caso Odebrecht. Al parecer, Andrade intercedió para que el otrosí fuera adjudicado a Yuma Concesionaria S.A., la que a su vez habría contratado a Consultores Unidos, empresa de Eduardo Zambrano (ya procesado), para que hiciera los estudios y el diseño de la obra. Esta compañía sería cercana a Prieto, quien a cambio de lograr esa adjudicación, recibió 900 millones de pesos para "tapar un hueco de la campaña presidencial".
La fiscal del caso señaló que todo "estaba debidamente planeado" y que Andrade actuó para darle recursos a Prieto.A pesar de todas las pruebas en su contra, Andrade no aceptó los cargos y aseguró haber actuado en la ANI conforme a la ley. El exdirectivo salió del país en diciembre del año pasado con el argumento de no tener garantías procesales y ser víctima de una persecución en su contra. El otro proceso en su contra tiene que ver con las presuntas irregularidades en la adición del tramo Ocaña - Gamarra al proyecto de la Ruta del Sol II. Es señalado de beneficiar a Odebrecht y a sus socios (Corficolombiana, del Grupo Aval) para quedarse con la adjudicación mientras él fue director de la ANI. Andrade había sido cobijado con medida de aseguramiento en casa por cárcel mientras seguía la investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio. Sin embargo, la medida le fue revocada a finales del 2018 y ahí salió del país. Se espera que en la próxima diligencia su abogado defensor intervenga y la juez decida si lo priva de la libertad o no.
