En la zona que comprende el Urabá chocuano se ubican los municipios de Riosucio, Unguía y Acandí. A este territorio también se le conoce como el Bajo Atrato, nombre que recibe por el río que atraviesa sus tierras.
La región ha estado sometida desde hace décadas a los vejámenes del conflicto armado colombiano. Y su población que ha sido desplazada por años hoy, después de un acuerdo de paz, sigue en la incertidumbre por otros grupos armados que se disputan el control del territorio.
En un comunicado de la Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (Oidhaco), expresó su preocupación frente a la presencia y enfrentamientos entre actores armados en las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó.
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Donde también advierte de las amenazas constantes contra la integridad física y emocional de las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas de la región.
Según la organización internacional los hombres armados que están llegando al Bajo Atrato pertenecen a grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Otro organismo que ha estado presente en la zona, acompañando a la población ha sido la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. KienyKe.com se puso en contacto con esta organización para entender el contexto de lo que hoy sucede en el Bajo Atrato.
Según fuentes de la Comisión, en este momento hay un alto riesgo para los pobladores, lideres sociales y defensores de derechos humanos. Estas personas aparte de defender a su comunidad, mantienen ciertas luchas como defensores del medio ambiente y del proceso de restitución de tierras.
Afirman que la denuncia se basa en la negligencia por parte del Estado para dar una oportuna respuesta a la situación que hoy viven miles de ciudadanos en el Bajo Atrato.
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Las visitas que ha realizado esta Comisión han dado información del arsenal de tipo paramilitar que recorre libremente por la zona en manos de diferentes grupos como las AGC. Lo que también han podido identificar es que buscan el control a través un posible plan de despojo o de destierro de personas que han luchado por sus tierras.
Al parecer la relación histórica con la violencia junto a los corredores que conectan esta zona con el Úraba antioqueño, la vulnerable situación de las comunidades y la poca presencia del Estado, han hecho que el Bajo Atrato no supere su ciclo de violencia que cada día se hace más intenso.
Cabe recordar del asesinato que ocurrió en diciembre de 2017 de dos líderes de restitución de tierras de esta región: Mario Castaño y Hernán Bedoya. Crímenes que hoy siguen en la impunidad.
Para la Oidhaco, es importante subrayar que las comunidades de las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó son receptoras de excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc-Ep, y aportan paralelamente con información y testimonios ante los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No-Repetición, por lo cual enfrentan mayores riesgos en cuanto a su seguridad.
Y con este contexto, le piden a la Unión Europea, sus Estados miembros, Suiza y Noruega a que insten al gobierno colombiano para:
- Convocar de inmediato una misión civil y humanitaria de verificación de los hechos. Compuesta por integrantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial, así como del cuerpo diplomático y de otros organismos internacionales pertinentes.
- Avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la región, incluyendo asesinatos y amenazas a reclamantes de tierras. Así como casos de despojo de tierras, asegurando que contribuya al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Eso abarca el desarrollo de investigaciones por parte de la Unidad Especial de Investigación para el Desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo sobre la responsabilidad de las estructuras criminales con intereses políticos y económicos en la región, en particular en el caso de los asesinatos de Mario Castaño y Hernán Bedoya.
- Investigar de forma independiente y con la mayor celeridad posible las denuncias con respecto al plan de atentado en contra de integrantes de la CIJP (en particular a lo referente a su Representante Legal, Danilo Rueda, y a los y las integrantes del equipo del Bajo Atrato) y de los y las lideresas de la región.
