La Corte Suprema de Justicia condenó -en primera instancia- al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros. Lo halló culpable de las irregularidades presentadas en un contrato de más de 17 mil millones de pesos, destinado al sector salud de ese departamento.
El alto tribunal de justicia lo responsabilizó por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión.
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Algunas pruebas en su contra
En el proceso se evidenció que, sin importar que la empresa Olfis carecía de la experiencia, capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir con lo dispuesto en el convenio, Ballesteros les entregó el contrato, cuyo monto total superó los 18 mil millones de pesos. También se determinó que se hizo un uso indebido del primer avance por 1.746 millones de pesos, los cuales eran provenientes del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema de Regalías. La Fiscalía mencionó que Olfis destinó cerca de 7 millones para la compra de unos baldes que dijo, "fueron utilizados en la implementación de trampas".Además, señaló que 151 millones de pesos más fueron invertidos, supuestamente, "para el pago de personal que nunca desempeñó las labores para las que fue contratado".A esta lista de irregularidades se le sumó la destinación de 39 millones de pesos, los cuales la empresa afirmó "fueron utilizamos para el alquiler de vehículos que no prestaron servicio alguno". La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema dijo que también se duplicaron funciones administrativas para el manejo de personas y "contabilidad por más de 249 millones de pesos en equipos de seguridad industrial, logística y traslado de muestras". En la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia quedó probado que el exgobernador Ballesteros, solicitó sumas de dinero a Boris Corrales Higuera y Eduardo José Sierra Gutiérrez, co-estructuradores del proyecto.
Además, se confirmó que Ballesteros, por intermedio de su padre, le pidió al representante legal de Olfis, Fredi Alexander Díaz, la suma de 200 mil millones a cambio de la adjudicación del contrato y el primer desembolso.La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 24 de septiembre. Ese día se sabrá el monto de la pena en su contra.
