No es mi costumbre el referirme desde este espacio, en dos ocasiones consecutivas, al mismo tema. Sin embargo, los tentáculos del crimen organizado y de la delincuencia común, que están acumulando una gran capacidad para desestabilizar nuestras ciudades y nuestro Estado de Derecho, me obliga a hacerlo.
Venimos observando como los índices de criminalidad aumentan, los delitos continúan en la impunidad y las autoridades no encuentran el camino para resolver esta problemática que, a todas luces, ya es dramática.
Al unísono, escuchamos desde todas las ciudades, municipios y rincones de Colombia el clamor de cientos de miles de personas que, como cada uno de nosotros, no aguantan más esta situación.
Y es que, aunque acabamos de presenciar con esperanza la llegada de los nuevos mandatarios regionales y locales, esperando encontrar en ellos algunas salidas a la inseguridad que reina, los atracos, las extorsiones y los homicidios están más que a la orden del día.
Debemos ser claros, en menos de mes y medio de gobierno es imposible pretender que los alcaldes recién posesionados acaben con esta problemática. Pero también lo es el que este fenómeno que atenta contra nuestra tranquilidad y la economía individual y del país, no da espera.
Nadie puede negar la causalidad existente entre actividad económica y delincuencia. Como lo asegura el Fondo Monetario Internacional, en su estudio “Perspectivas Económicas Regionales”, de octubre de 2023, publicado en su IMFBlog, “Un aumento de la actividad económica reducirá la delincuencia, pero una reducción de la delincuencia, a su vez, impulsará la actividad económica. Y estos dos factores se ven afectados por otros, como la solidez del Estado de Derecho”.
Según el FMI, “Reducir el nivel de delincuencia en América Latina al nivel del promedio mundial incrementaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente un tercio del crecimiento registrado en América Latina entre 2017 y 2019”.
Así las cosas, lo que estamos afrontando en Colombia es una amenaza que va mucho más allá de lo que pensamos.
Aquí nos estamos jugando el bienestar absoluto de millones de colombianos en el presente, las condiciones sociales y económicas del país en el futuro, cercano y lejano, para las nuevas generaciones, y el Estado de Derecho que tanto nos ha costado construir.
Necesitamos ya del actuar de las autoridades mediante un accionar directo de la fuerza pública y el aumento de su presencia en las zonas urbanas y rurales del país; un mayor rigor en el tratamiento jurídico, penal y penitenciario; una consolidación real de los cuerpos de investigación para el descubrimiento y neutralización de los delincuentes; y la cooperación de los lideres empresariales, las organizaciones civiles y el ciudadano en particular.
Es decir, necesitamos una estrategia real de firmeza y cohesión contra la inseguridad en Colombia.
Quiero ser positivo. Se que trabajando juntos lograremos reducirla, estimular la inversión, elevar la productividad y hacer crecer el PIB de nuestro país.
Sin embargo, no puedo finalizar sin decir que, si no trabajamos unidos, con un mismo propósito y dejando a un lado las discusiones ideológicas, cualquier esfuerzo será inútil. Manos a la obra.
