Colombia afronta con valentía los embates de un enemigo feroz e invisible que a la fecha ha contagiado a más de dos millones de personas en todo el mundo y ha cobrado, hasta el momento de escribir estas líneas, la vida de más de ciento veinte mil personas, entre ellas más de 120 colombianos. La nuestra parecería una cifra insignificante frente a la tragedia que viven con estoicismo España, Italia, Estados Unidos y casi 200 naciones, pero cada colombiano muerto debe dolerle al alma nacional.
El país unido, ha visto el liderazgo del Presidente Iván Duque en la conducción de la solución de la crisis sanitaria y aplaude su compromiso con la protección de la vida y la garantía de derechos de los sectores más desprotegidos. Sin su decisión de cerrar de manera temprana fronteras y vuelos internacionales y decretar el confinamiento obligatorio de la población quizá las cifras de muertos y contagiados serían más dramáticas y estaríamos llorando más desgracias.
Tenemos aún mucho camino por recorrer para salir de esta emergencia global y cada día de confinamiento obligatorio evitará el contagio de más personas mientras llega una vacuna. Desde ya, sin embargo, debemos prepararnos para reactivar la economía, con plenas garantías, practicando el aislamiento social inteligente y colaborativo. Necesitamos una economía sana, empujada por seres humanos sanos y un modelo sanitario descontaminado de inequidad.
La pandemia ha sido quizá la prueba más desafiante que ha tenido nuestro sistema de salud en décadas, permitiendo mostrar tanto sus fortalezas, como también sus más profundas debilidades. Sin duda, es prioritario hoy, luego de 25 años de puesta en marcha del modelo vigente, modificar de manera contundente sus componentes disfuncionales, en especial aquellos que atentan contra el bienestar, la salud e incluso la vida de muchos ciudadanos, como ocurre, entre otros con el actual sistema de aseguramiento, el modelo de hospitales públicos convertidos en empresas, y de manera especial, con el injusto esquema laboral.
La muerte de los doctores William Gutiérrez, del Centro Médico del Olaya, y Carlos Nieto Rojas, de la Clínica Colombia, por contagio del Covid 19 luego de atender a pacientes afectados por el virus, ha mostrado la vulnerabilidad del personal médico. Es un mandato ético garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores del sector salud y, con mayor razón, cuando se advierte que está particularmente conformado por mujeres, en un alto volumen cabeza de familia. Es imperdonable que quienes protegen vidas reciban el ataque de sus vecinos o el repudio en sitios públicos. También es intolerable que las EPS e IPS les deban hasta un año de salarios y que trabajar en la salud se haya convertido en uno de los peores oficios para ejercer en Colombia, dada la precariedad en la calidad del empleo y la marcada informalidad en la vinculación. Es imposible salvar vidas con el estómago vacío o perseguidos por los acreedores o los empleadores.
Las órdenes de prestación de servicios se han convertido en una aberración, así como la sequía financiera de los hospitales por el no pago de las EPS. Y mucho más grave es que el personal médico no tenga plena garantías de protección en sus sitios de trabajo. Las ARL deben responderle a la salud. Un paro del sector sería el fracaso mayor del modelo y una condena a muerte de los pacientes. Cambiar esta situación es responsabilidad de todos y exige adoptar, como lo ha venido haciendo el Presidente Duque, medidas aplazadas por décadas. Pero falta mucho más. Es el momento de salvar la salud, porque sin salud no hay futuro.
Esta es la mayor crisis vivida por el mundo en 100 años. Por ello, el gobierno nacional tiene, con el concurso de los mandatarios territoriales, un gran desafío y a su vez la oportunidad de pasar a la historia como la administración que sacó a Colombia adelante en medio de la tormenta y dejó una huella imborrable en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, dando un nuevo impulso a nuestro sistema de salud y robusteciendo el Estado en los territorios, sus capacidades institucionales y las finanzas departamentales, distritales y municipales; logrando avanzar en los propósitos de una mejor salud para todos en condiciones de equidad, calidad, eficiencia y de una mejor experiencia de atención a los ciudadanos; pero sobre todo, haciendo realidad el mandato ético de plenas garantías laborales al personal hospitalario. De la pandemia tiene que salir un mejor sistema de salud. Esa es tarea que compromete a todos los niveles de la administración pública.
La pandemia ha desnudado las fragilidades del sistema económico y político y ha puesto una nueva agenda global, en donde la salud está en el primer lugar. Nada volverá a ser igual. Los departamentos estamos seguros de que, con el liderazgo del Gobierno Nacional, saldremos adelante y seremos capaces de darle vida a un nuevo modelo de descentralización que empodere a las regiones, haga cierto el mandato de la Constitución de 1991 y marque el renacer de la salud en Colombia; un rediseño del arreglo institucional del aseguramiento social y, en especial, del régimen subsidiado de salud, hoy en quiebra casi total; y la reordenación de la figura de los hospitales públicos como empresas sociales del estado. Es necesario, además, el fortalecimiento de las secretarias de salud territoriales. Ahí estará la huella del Presidente Duque. El país lo recordará como el líder que enfrentó la pandemia y en medio de la tragedia fue capaz de reconfigurar un nuevo modelo de salud.
