Como en una película hollywoodense, el pasado 6 de enero asistimos atónitos al asalto del capitolio norteamericano luego de los desafortunados mensajes de Donald Trump. Marquemos este suceso como causa y consecuencia de cambios y nuevos retos para el continente; pero de todas las aristas que podemos analizar de este suceso, hay una que me causó temor y sienta un mal precedente para el debate democrático: la suspensión de las redes sociales del actual presidente de los Estados Unidos.
Trump usaba las redes sociales como principal vehículo comunicacional, un podio amplificado para anunciar estrategias y proferir amenazas. Desde la campaña electoral se forjó su impronta controversial y es su sello personal, fijando un patrón de conducta que vemos replicados en algunos líderes locales y nacionales lamentablemente.
Desde el año 2008 la influencia digital transformó la arena pública (con Barack Obama a la vanguardia) abriendo un canal de comunicación directo, emotivo y cercano entre representante/representado. Agreguemos al contexto que quienes gerencian estos canales son enormes empresas privadas y su comportamiento obedece a su directiva y composición accionaria; si bien estas conductas están reguladas por un marco jurídico y unas “condiciones de uso” privado, sus intereses no necesariamente se alinean con el interés público.
Cuando una plataforma digital como Facebook o Twitter suspende el canal de comunicación de un Presidente (quien es un representante público electo por un pueblo), tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Es una transgresión de la libertad de expresión? No lo creo, porque esa “libertad” tiene como límite la libertad de los demás: mi derecho a expresarme libremente no puede justificar el odio, discriminación y violencia contra otros. Esas libertades son los fundamentos de la democracia actual. El mensaje de Trump ese día arengaba a sus seguidores a marchar al Capitolio “a tomar su país de vuelta”, todo lo que sucede después se conecta.
Mi temor con la decisión de estas plataformas es que influyeron en medio de la situación política continental más delicada del siglo XXI. Fue un golpe de mesa (o declaración de intención) que debe plantear un debate en el mundo democrático: ¿Es sano para la Democracia que sectores privados eliminen un canal directo entre un líder electo y sus votantes e INFLUYENDO ACTIVAMENTE en la conducta polìtica de una sociedad? Facebook y Twitter calificaron un hecho político, aplicaron sus condiciones de uso y suspendieron una cuenta que infringe estas reglas, pero la consecuencia real es que sumaron un nuevo elemento polémico avivando la polarización política. Esto causa un efecto directo en el pensamiento y posterior conducta del pueblo estadounidense: ¿las directivas de esas corporaciones sopesaron el impacto político de su decisión? Y si fue un riesgo calculado ¿quién lo calculó y bajo cuales criterios?.
No olvidemos que en enero de 2018 Trump amenazó a Corea del Norte haciendo alusión a usar su “botón nuclear”. Ninguna plataforma digital consideró que había violación de sus condiciones de uso, a pesar de ser una clara amenaza nuclear. ¿Qué cambió ahora?
Hay que preguntarse: ¿Es posible que una opción política o económica no coincida con los puntos de vista de las plataformas digitales?¿Y si a algún funcionario electo se le elimina su canal en una plataforma digital masiva por un interpretación errónea que le de su directiva? ¿Y si es nuestro Presidente, Alcalde o legislador? ¿Existe alguna manera de controlar este “poder” privado?
Siendo ahora estas plataformas quienes de facto custodian el debate y lenguaje político, ¿cómo protegemos a la democracia y sus representantes legítimos de estas fuerzas? ¿Quién controla a quien demuestra que puede controlar?
Las respuestas, por lo menos en Latinoamérica, podemos encontrarlas en nuestras constituciones democráticas y ahora crece la necesidad de revisarlas.
Infidencia: Me disculpan que hoy traje muchas preguntas y pocas respuestas. Mientras escribo estas líneas Google, Apple y Amazon eliminaron de sus servicios a la plataforma social Parler, argumentando distribución de mensajes de odio. Qué miedo ¿no?
Sabaneta, Antioquia. 13 de enero de 2021
