Terminó la primera legislatura del Congreso del periodo 2022-2026, con la bancada progresista más grande de la historia. Gracias a las luchas históricas de todos estos sectores y de las grandes mayorías del país, presenciamos el legislativo más diverso, plural y representativo que haya tenido la Nación. Ya no solo tienen curules los hombres ricos representantes de los sectores más poderosos del país, sino también mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, animalistas, líderes y lideresas sociales y sindicales, entre otros. Pese a no haber logrado aprobar todo lo que nos propusimos en un contexto convulso y complicado, el balance es decididamente positivo.
La Bancada del Gobierno del Cambio logró aprobar la primera Reforma Tributaria progresiva, con justicia fiscal, que grava e impacta a los mayores capitales del país y no a las clases medias y vulnerables, como había sido anteriormente. Asimismo, aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación con la mayor inversión social en nuestra historia, después de un amplio proceso de participación; creamos el Ministerio de la Igualdad, para robustecer las políticas públicas diferenciales destinadas a los sujetos de especial protección constitucional y ratificamos el Acuerdo de Escazú, para la protección del ambiente, la vida y la naturaleza.
También sancionamos la ley de Paz Total, que le brinda, entre otras, herramientas y facultades al Presidente de la República para sostener negociaciones y acercamientos con grupos al margen de la ley. Y en cumplimiento del Acuerdo de Paz y de las luchas del movimiento campesino, reformamos la Constitución Política para reconocer al campesinado como sujeto especial de derechos y crear la Jurisdicción Agraria para resolver los conflictos por la tierra con un enfoque diferencial; además, redujimos el receso legislativo.
Desde mi curul, junto a las organizaciones de la sociedad civil, con quienes construimos los proyectos y con el apoyo decidido de la bancada del Pacto Histórico y otros sectores, logramos aprobar dos leyes trascendentales: la primera, que previene y sanciona la violencia política contra las mujeres, para garantizar el derecho que tenemos de ejercer la política es escenarios seguros, libres de violencia e igualdad y ampliar nuestra participación en la democracia representativa. En esa vía logramos también que en el Plan Nacional de Desarrollo se declarará la emergencia por violencias basadas en género, para que se adopten de manera urgente medidas concretas y articuladas frente al aumento exacerbado de los feminicidios y las violencias contra las mujeres.
Y la segunda, aprobamos la ley que garantiza la gratuidad universal en la educación superior pública, materializando así una exigencia de la lucha estudiantil y profesoral por la que decenas de jóvenes, literalmente, dieron sus vidas: la consigna ¡Universidad pública, gratuita y de calidad! es ahora una realidad. Todos estos logros son victorias colectivas producto del trabajo mancomunado entre gobierno, bancada y organizaciones y movimientos de la sociedad civil.
Hubo otros proyectos trascendentales que fueron archivados, el que propusimos de reforma política, cuyo espíritu inicial fue fortalecer la democracia y lograr la paridad y alternancia, que fue totalmente distorsionado hasta convertirse en un frankestein inaceptable.
El de regularización del cannabis de uso adulto, cuyo hundimiento en último debate favorece a las mafias del narcotráfico. El de Humanización del Sistema Penal y Penitenciario que ni siquiera pudo ser debatido y buscaba cambiar el enfoque punitivista hacia uno basado en justicia restaurativa y resocialización; y quizá el más conocido, la reforma laboral. A esto se suma la ralentización en los debates de las reformas a la salud y pensional que, pese a continuar en trámite, han sido objeto de todo tipo de sabotajes y “jugaditas” para impedir su discusión y aprobación.
Esto último es la constatación de que, a pesar de las inmensas movilizaciones del estallido social y del voto mayoritario en las urnas que exige un cambio en Colombia, las élites tradicionales pretenden boicotearlo: quienes se han dedicado a saquear el país y enriquecerse con dineros públicos y negocios particulares, legales e ilegales, en contra de los derechos de la inmensa mayoría del país, pretenden hundir nuestras reformas o reducirlas a su mínima expresión. El Presidente Petro y el Pacto Histórico hemos hecho hincapié en la urgencia de converger en un Acuerdo Nacional, pero los dueños del capital y sus representantes en el Congreso se rehúsan a ello.
El Cambio por el que votó la gente está amenazado por el comportamiento extorsivo de un puñado de presidentes de partidos tradicionales, de algunas de sus fichas en el Congreso y de la negativa al diálogo y concertación de las élites, aferradas a un infame sistema de privilegios que nos comprometimos a transformar, para que algo de esos privilegios se destinaran a mejorar las condiciones de vida de las mayorías.
El Gobierno y su bancada no abandonaremos los intereses del pueblo trabajador, de la campesina y el campesino, del indígena, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente popular y sencilla, que somos la inmensa mayoría del país. Nuestro talante democrático estará siempre a disposición del diálogo con todos los sectores. Somos conscientes también que debemos garantizar el cumplimiento del programa de gobierno y su agenda legislativa, esto dependerá, en gran medida, de la fuerza pacífica y democrática que muestre el pueblo en las calles exigiendo sus derechos. Las reformas sociales no son un capricho y hemos sido elegidas para hacerlas una realidad. Como dijo el Presidente: “iremos hasta donde el pueblo quiera”.
