En las entrañas del desarrollo económico y social de Colombia, el emprendimiento social ha emergido como una fuerza poderosa y transformadora. A diferencia de la economía popular, que ha sido una parte integral de nuestra historia y se refiere a actividades a pequeña escala y de subsistencia, el emprendimiento social busca resolver problemas sociales y ambientales a través de modelos de negocio innovadores y sostenibles. Sin embargo, el gobierno actual parece mantener una narrativa que, en lugar de impulsar el emprendimiento social, lo relega al ámbito de la economía popular. Esta perspectiva no solo es inadecuada, sino también regresiva.
La economía popular, centrada en la subsistencia y generación de ingresos diarios, tiene su valor y lugar en la sociedad colombiana. Pero confundirla con el emprendimiento social es pasar por alto las ambiciones, innovaciones y el impacto de estos emprendedores incluso en comunidades vulnerables. Los emprendedores sociales buscan soluciones que puedan ser escaladas para abordar problemas complejos, y su enfoque innovador es esencial para el progreso nacional.
El informe recientemente presentado por RECON sobre el estado del Emprendimiento Social en Colombia es testimonio de este desajuste en la percepción gubernamental, un 63.14% califica su relación con el Gobierno Nacional como “Regular” y un 20.15% como “Mala”, subrayando la necesidad de un compromiso más sólido.
Aunque el informe destaca la falta de recursos y hace un llamado al Gobierno Nacional, también subraya la indiscutible contribución de estos modelos para abordar problemas sociales complejos. Es claro que necesitamos un apoyo más robusto por parte del gobierno y la sociedad civil para entender y nutrir este sector.
Además, en un mundo globalizado, el emprendimiento social es ampliamente reconocido y celebrado. Al reducirlo a la economía popular, Colombia pierde la oportunidad de conectarse con redes y recursos internacionales que podrían potenciar aún más el impacto social.
Es esencial que el gobierno actualice su narrativa y política hacia el emprendimiento social.
En lugar de considerarlo como una extensión de la economía popular, debería ser reconocido y apoyado como un motor de cambio y desarrollo, fundamental para garantizar un futuro más próspero y equitativo para todos los colombianos. Las voces de más de 1,077 emprendedores no pueden ser ignoradas. Es tiempo de que el gobierno y la sociedad colombiana tomen acciones concretas para fortalecer este sector crucial.
El crecimiento y reconocimiento del emprendimiento social a nivel mundial es innegable, y es evidenciado por las acciones proactivas de numerosos gobiernos que han reconocido su potencial transformador.
En el Reino Unido, la introducción del concepto de “Empresa Social con Valor Añadido” (SEVA) no es simplemente una política, sino una declaración de la importancia de combinar negocios con propósito. Estas empresas, al demostrar un claro y cuantificable impacto social positivo, se benefician de incentivos fiscales y acceso a fondos públicos promovido por el Gobierno.
Mientras que en Canadá, la creación de “Hubs de Emprendimiento Social” ha permitido que emprendedores de todo el país tengan acceso a espacios de oficina, mentorías y redes vitales. Estos hubs son testimonio de la infraestructura que puede permitir a las startups sociales no solo florecer, sino también escalar rápidamente.
La visión de India, por su parte, se centra en las áreas rurales. A través de su “Misión Nacional para el Emprendimiento de Livelihoods” (NLEM), el país proporciona capacitación, financiamiento y soporte técnico a emprendedores comprometidos con la solución de problemas en comunidades menos privilegiadas.
Nueva Zelanda ha demostrado cómo una colaboración efectiva entre el gobierno y los emprendedores sociales puede surgir. Su “Estrategia de Emprendimiento Social” establece un camino para dicha colaboración, desde la provisión de capital semilla hasta la implementación conjunta de proyectos piloto.
Y en Francia, el emprendimiento social ha obtenido un reconocimiento oficial. Con la introducción de una etiqueta específica para estos emprendimientos, aquellos que califican no solo se benefician de ventajas fiscales, sino también de una mayor visibilidad y acceso preferente a contratos públicos.
El gobierno de Kenia ha apoyado el emprendimiento social a través de una serie de políticas y decisiones que han creado un entorno propicio para este tipo de actividad. En 2015, el gobierno aprobó la Ley de Emprendimiento Social, que define el emprendimiento social y brinda incentivos fiscales a los emprendedores sociales. El gobierno también ha establecido un consejo de emprendimiento social para supervisar la implementación de la ley y una unidad de emprendimiento social en el Ministerio de Industria y Comercio para promover el emprendimiento social.
En nuestra región en Chile, el gobierno ha implementado “Chile Emprende”, una iniciativa que se ha centrado en proporcionar a los emprendedores sociales acceso a financiamiento, capacitación y redes de contactos. Este programa es testimonio de cómo un país puede apostar por el emprendimiento con impacto social y económico a la vez, generando soluciones tangibles a problemas locales.
Con nuestro vecino Brasil, por su parte, ha demostrado una impresionante adaptabilidad y creatividad en su apoyo al emprendimiento social. A través de su “Programa Nacional de Fomento a las Empresas Sociales” (PNFES), el país no solo proporciona financiamiento y capacitación, sino que también promueve la inclusión de estos emprendimientos en cadenas de suministro públicas, ampliando así su alcance y escala.
Estos ejemplos internacionales resaltan un movimiento global que combina negocios con impacto social. A medida que estos países avanzan, como la gran mayoría del planeta, es esencial que Colombia no se quede atrás.
Mantener una perspectiva obsoleta que se centra únicamente en la economía popular no solo frena la innovación y el potencial de impacto en Colombia, sino que también corre el riesgo de alejarnos de este movimiento global.
Es imperativo que el gobierno colombiano reconozca y apoye el emprendimiento social, aprovechando su potencial para guiar al país hacia un futuro más inclusivo y próspero. Una forma de hacerlo es crear un marco jurídico claro y favorable para los emprendedores sociales, que pueden acceder a los beneficios que el estado brinda.
Uno de los retos es la reglamentación de la Ley de Emprendimiento Social en Colombia, que el gobierno se niega a realizar.
