Desde hace más de 10 años los sectores alternativos de Medellín venimos advirtiendo el mal negocio que representaría para la ciudad y sus inversiones a través de EPM la privatización por la que pasó UNE telecomunicaciones, empresa pública de los medellinenses en aquel entonces.
En el 2013 el concejal Miguel Quintero denunció de forma incansable que la entrega del control de UNE a Millicom no iba a generar las utilidades prometidas, todo lo contrario, iba a devenir en pérdida de empleos, de infraestructura y de la posibilidad para Medellín, Antioquia y el país de contar con una empresa pública sólida para la prestación de servicios de telecomunicaciones. En el último momento el voto del entonces concejal y hoy inhabilitado, Bernardo Guerra, cambió el rumbo de las cosas en favor de la empresa privada y en contra de la ciudad.
Entre el accionar irresponsable de aquel entonces de los concejales que permitieron la cuota inicial de la privatización, más el accionar politiquero de los concejales de este período que negaron en cuatro ocasiones de manera sistemática la opción de activar la clausula de protección del patrimonio público que permitiría recuperar 2.5 billones de pesos estamos ante una empresa que además de no ser rentable requiere una capitalización.
Lo dicho en aquel entonces hoy es prácticamente una profecía: no era estratégico privatizar el patrimonio público y ahora nos encontramos ante tres escenarios: una capitalización por $150 millones de dólares, donde Millicom y EPM aporten cada uno $75 millones; que Millicom aporte el 100% de la capitalización, acabando con la sociedad; o, entrar en un proceso de reorganización empresarial vigilado por Supersociedades, si para el 9 de octubre no hay decisión.
El dinero que pierde EPM como consecuencia de esta mala decisión y de los actos de unos concejales irresponsables escudados en control político hacen que Medellín no tenga la capacidad de inversión en lo social, en infraestructura o en educación como debe ser y además aportaron para la pérdida de una empresa patrimonio público de la ciudad.
Es por ello que quiero dejar constancia que los 9 concejales que decidieron no activar la cláusula de protección del patrimonio y enderezar la situación de hace 10 años le deben a los medellinenses 2.5 billones de pesos y en la historia quedará para siempre que eligieron el negocio de unos privados por encima del bienestar de la ciudad.
Seguiremos firmes por la defensa del patrimonio de la empresa más importa de Medellín y Antioquia.
