¿Y la reforma a la Justicia?

Preocupa mucho, e indigna, que Colombia tenga que soportar un episodio como el que está padeciendo, a raíz de la mal llamada reforma a la Justicia que aprobó el Congreso. La nuestra es una república que ha madurado institucionalmente. Pero, el comportamiento de los protagonistas le daría derecho a cualquier observador juicioso a pensar que estamos en pañales. Todo se hizo mal. Manosearon el principio de la colaboración armónica de los poderes, hicieron caso omiso de las exigencias legales en el proceso de conciliación y creyeron que podían hacer cualquier cosa con una reforma constitucional. Y el Gobierno para deshacer el entuerto que engendró y neutralizar el tsunami político, ha construido, a marchas forzadas, un argumento jurídico que lo muestre como el salvador en medio de la tragedia. Es evidente que le está apostando a lo "menos peor" en esta coyuntura. Sin embargo, está en incapacidad de garantizar que sea así en el mediano plazo. Esperemos las decisiones de los jueces al aguacero de demandas que se seguirán presentando contra todos los que han intervenido en el proceso, al igual que los fallos sobre los ataques jurídicos al procedimiento que acordaron el Gobierno y los partidos. Esos desenlaces legales pueden conducir a un escenario de pronóstico reservado. Por lo pronto, es de esperar que el Congreso archive el acto legislativo. De ahí en adelante habrá mucha tela para cortar. En el entretanto, ¿se va a permitir que la reforma a la Justicia que reclama Colombia quede en el congelador? ¿Los colombianos van a aceptar que todo siga como está, porque no hay condiciones para que el poder legislativo haga los cambios que se necesitan? Ni lo uno, ni lo otro. Hoy es más clara que nunca la urgencia de tener una justicia pronta y cumplida, que responda a las necesidades de los ciudadanos y a los compromisos internacionales adquiridos por el país. Esta es una tarea que no da espera si se quiere tener un poder judicial fuerte y eficaz, debidamente financiado, aliviar el creciente malestar por la ineficiencia del servicio , disminuir los elevados niveles de impunidad, que tanto afectan la posición internacional de Colombia, e impedir la intervención de tribunales globales ante la incapacidad del sistema nacional de actuar con eficacia. Es tanto lo que está en juego, que sería inaceptable sentarse en actitud contemplativa a esperar qué pasa. Si las condiciones no están dadas para hacer la tarea, hay que crearlas. El nivel que alcanzó la indignación de la gente es un mensaje que no admite interpretaciones. Se acabaron los recintos cerrados y las negociaciones en la penumbra. La opinión está vigilante y mejor informada y tanto los medios como las redes sociales, que son la plaza pública del siglo XXI, han hecho nacer una capacidad de movilización desconocida hasta hoy. Toda vez que la historia ha puesto en evidencia muchas veces la incapacidad del Parlamento para reformar la justicia, dicha indignación significa que los colombianos están dispuestos a acudir a otro de los mecanismos que consagra la Carta para reformar su texto. Ese mecanismo, en este caso, es una asamblea nacional constituyente que tenga el mandato de dotarnos de la justicia que se necesita. Lo ideal sería un gran acuerdo nacional promovido por el gobierno para preguntarle a los ciudadanos si desean su convocatoria, habida cuenta de que se requiere una ley. Así se le daría mucha fuerza a esa herramienta legítima y se evitaría que se convierta en un corcho en el remolino de pasiones políticas antagónicas. Pero, si el acuerdo no es posible, lo que demostraría que sigue sin entenderse el sentimiento de los colombianos indignados que reclaman justicia, habría otro camino. Podría acudirse a la iniciativa popular legislativa para conseguir que la gente pueda pronunciarse sobre la convocatoria de una constituyente. Ahora bien, lo único inaceptable sería no hacer nada. Si fue posible una movilización de tanta magnitud como la que llevó a la promulgación de la Constitución del 91, sin twitter, no se necesita ser muy agudo para suponer lo que sucedería si el Gobierno y el Congreso vuelven a equivocarse por acción u omisión. De hecho, la oleada de un día obligó al Presidente Santos a dirigirse a sus compatriotas, apresuradamente, al filo de una medianoche y a hacer un intenso ejercicio de imaginación jurídica cuyas consecuencias se verán después. Que no le quede duda a nadie: los colombianos reclaman pronta y cumplida justicia y para conseguirlo están dispuestos a usar los mecanismos que les da la Constitución del 91.