En Colombia se ha desatado una discusión jurídica sobre el uso y legalidad de las plataformas tecnológicas para la prestación de servicio de transporte público individual en vehículo particular. En su función jurisdiccional, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió la demanda interpuesta por la empresa Cotech S.A. –operadora tecnológica de la empresa Taxis Libres- concluyendo que Uber incurrió en competencia desleal.
Así, la Superintendencia de Industria y Comercio ordena a Uber, el “cese de la prestación del servicio de transporte” de forma inmediata en las modalidades de Uber, Uber X y Uber Van y exigió a los operadores de telefonía móvil celular, que suspendan la transmisión de datos a esta aplicación por violar normas y desviación de clientela de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996.
Es claro que Uber ha violado las normas que regulan el mercado, al crear una oferta y ofrecer un servicio de transporte público individual con vehículos privados, que ha ido en contravía de lo establecido en el Código Nacional de Transporte de nuestro país y que adicionalmente, ha generado graves problemas de movilidad en una ciudad congestionada como Bogotá.
Ahora bien, en el Concejo de Bogotá durante el 2019, llevamos a cabo fuertes debates sobre los dispositivos de liquidación de tarifas, el uso de plataformas tecnológicas y la ilegalidad en la que incurrían, prestando servicio público de transporte a través de carros particulares; se creó una comisión accidental con representación de todos los actores del gremio, se puso de manifiesto las graves consecuencias económicas -que por dichas plataformas- atraviesa el gremio del taxismo, cuyos agremiados actúan en el marco de la legalidad, tributan, pagan rodamiento, deben tener pólizas de responsabilidad civil y cumplir con todas las exigencias y requisitos para poder operar.
No cabe duda que "más temprano que tarde” se presentaría esta situación jurídica, era una “Crónica de una muerte anunciada” y aunque es un fallo apelado por Uber y ha amenazado con demandar a Colombia por violar el TLC con Estados Unidos, será una larga disputa jurídica. Tendremos que esperar a que el Tribunal entre a revisar la decisión de la SIC y resuelva las demandas interpuestas contra el fallo.
Hay que reconocer que tanto el Congreso de la República, como los recientes gobiernos, se han demorado demasiado en expedir las leyes y normas que regulen la prestación de este tipo de servicios a través de estas aplicaciones; sea este año la oportunidad, para poner en cintura a estas sociedades que actúan sin ningún control, con escasa tributación en Colombia y se diseñe un marco regulatorio para su operación en Colombia.
Debemos reconocer que en su momento, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S. con una multa de $2.128.258.120.oo, por obstruir una visita administrativa que se adelantó el 13 de octubre de 2017 a las instalaciones de dicha sociedad, también fue multada con $414 millones, por incumplir la orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados y a todo ello se suma la reciente decisión de la SIC.
Hoy tenemos de ejemplo casos como los de Alemania, Reino Unido, España, Francia, Canadá y algunos Estados de Norteamérica, entre otros, que vienen regulando la utilización de estas plataformas tecnológicas, experiencias que nos sirven para revisar y aprender, porque lo cierto, es que es una obligación legal del estado colombiano, defender a nuestros empresarios, de la competencia desleal.
Por su parte, el gremio del taxismo tiene una oportunidad para mejorar, profesionalizar, modernizar y mejorar la calidad del servicio, es necesario recuperar la confianza de los usuarios en los taxis amarillos, tener un dispositivo electrónico que liquide una tarifa justa y segura; urge que la vinculación a la seguridad social de los conductores, sea tratada como una prioridad y por supuesto, contar con plataformas ágiles y confiables, porque o se modernizan o van a desaparecer del mercado.
