Los videos de Márquez y Santrich anunciando su retorno al monte y retomando las armas para tomarse el poder y cambiar el Estado colombiano, son una afrenta a la dignidad nacional y una bofetada a la sociedad colombiana, que les había dado la oportunidad de volver a la legalidad con el mal negociado Acuerdo de Paz.
El Presidente Santos y los partidos de la coalición de gobierno justificaron todas las concesiones otorgadas porque se lograría la paz y se acabarían con las FARC, la guerrilla más antigua del continente americano. La premisa fue, con tal de lograr la paz, cualquier precio es válido.
Después de ver el video y sus protagonistas, pero especialmente al escuchar sus amenazas a los colombianos, toma vigencia la frase famosa de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”. Hoy la sociedad colombiana esta engañada, humillada y amenazada por unos delincuentes, a los que se les otorgaron todas las garantías.
¿Está fallando el Acuerdo? El video así lo evidencia. Las instituciones creadas como la JEP y sus procedimientos operaron de forma negligente y permitieron que, en el caso de Márquez, pasara más de un año sin presentarse y pudiera evadirse sin que esta jurisdicción tomara decisiones de su expulsión. En el caso de Santrich, la misma JEP interpretó el Acuerdo para no permitir su extradición a pesar de las pruebas de que seguía delinquiendo con negocios de narcotráfico. La JEP actuó con tanta complacencia que les permitió agruparse y rearmarse.
https://www.youtube.com/watch?v=tjpjGhQfvNQ&feature=youtu.be
El Presidente Duque obró bien al actuar de inmediato y con contundencia militar contra las disidencias de las FARC y articular una fuerza especial para judicializarlos y capturarlos. Con los terroristas que amenazan el Estado solo corresponde su desmantelamiento. Contra estos mismos delincuentes, que ahora son los mejores aliados del cartel de Sinaloa que se toma regiones como Catatumbo y Tumaco, se requiere todo el despliegue y contundencia de las operaciones militares, máxime cuando asesinan líderes, indígenas y ahora candidatos como pasó en Cauca.
El Presidente debe seguir cumpliendo el Acuerdo con los más de 10 mil desmovilizados que están en sus procesos de reinserción a la vida civil, para ellos, toda la protección y garantías. Que sientan que Colombia entera los acompaña si cumplen con la Ley y sus compromisos.
El reto de seguridad más prioritario en las próximas semanas es proteger a los ciudadanos en las zonas de frontera porque pueden ser permeadas por este grupo guerrillero que se alía con el ELN y con el apoyo del régimen de Maduro en Venezuela. No se puede permitir una frontera porosa, en donde hagan lo que quieran y sigan con su proceso de reclutamiento de niños y venezolanos. Definitivamente, Colombia hoy tiene tres FARC, unas en el Congreso (deberían cambiar de nombre), otra en la disidencia con nuevo brazalete y otra en el monte amenazando, a través de videos, a los colombianos.
No se puede bajar la guardia; en las ciudades se debe sentir la seguridad ciudadana y la protección de las Fuerzas Militares, más cuando en el video de Márquez sale Hernán Darío Velázquez, alias el Paisa, uno de los peores terroristas de este grupo, un pone bombas con una capacidad sicarial ya conocida por el país. La seguridad está en juego, la colaboración y la unión de todos es vital para lograr una mayor tranquilidad.
¿Ahora qué le corresponde a la JEP? pues acelerar los procesos con los jefes político de las FARC que ya son congresistas; no puede haber más dilaciones, ellos deben someterse a la Justicia Especial, decir la verdad, entregar la información de las rutas de narcotráfico y los bienes para reparar a las víctimas. Como grupo deben además condenar y repudiar lo que ya sucedió con Márquez y sus secuaces. La justicia debe vigilarlos y ante la más mínima sospecha de anuencia con estos grupos disidentes, actuar con celeridad para prevenir un deterioro mayor en la confianza institucional y ciudadana.
Si no hay conciencia en la necesidad de modificar temas críticos del Acuerdo, seguiremos observando que, a pesar de que ya hay 10 mil personas menos en armas, el país se quedó con esas tres FARC y un solo negocio, el narcotráfico, que es el combustible que destruye la tranquilidad y la paz de los colombianos.
