La teoría económica enseña que los seres humanos suelen tomar decisiones racionales. Y así sucede usualmente. Por ejemplo, si usted se encuentra en la estantería de una tienda en la cual venden jugos, es probable que usted prefiera el vaso más lleno en vez del más vacío o el fresco en lugar del rancio.
Los políticos profesionales no son la excepción a la regla. Por el contrario, los políticos profesionales tienen una aguda experticia en adoptar la opción que más les conviene así ello suponga contradecir o incluso traicionar las decisiones que han adoptado en el pasado o las posiciones que han acogido.
Por ello, la decisión de los congresistas del Partido de la U, del Partido Conservador y de otros movimientos políticos de acoger la candidatura de Germán Vargas en lugar de la de Iván Duque, genera cierto desconcierto. Más aún si se tiene en cuenta que Duque y Vargas han defendido tradicionalmente posiciones políticas cuyas diferencias son más de matiz que sobre aspectos esenciales.
¿Qué explica entonces que una mayoría significativa de parlamentarios se vaya por el vaso lleno y no por el vacío? ¿Por qué acogen la opción rancia en lugar de la fresca?
Sería por completo ingenuo pensar que los políticos profesionales colombianos han optado por prestar su apoyo incondicional al muy cuestionable gobierno de Juan Manuel Santos y de extender su bendición a su vicepresidente y heredero de su legado, así esta decisión loable perjudique sus intereses futuros.
El desplazamiento de las adhesiones parlamentarias hacia el candidato que registra una intención de voto del 7% y no al que tiene un nivel de preferencia cinco veces mayor, no obedece a un deseo de los parlamentarios de retar las matemáticas ni de librar un combate con la ciencia estadística, sino que muestra que hay factores que las encuestas no registran pero que tendrán una profunda incidencia en la actual contienda electoral.
Es probable que los políticos profesionales hayan tomado la decisión de acompañar a Germán Vargas con la esperanza de que sus respectivas maquinarias puedan revertir los malos resultados que este candidato ha mostrado hasta la fecha.
Es una apuesta arriesgada. La experiencia demuestra que las estructuras políticas son eficientes en las elecciones regionales e incluso en las de Congreso más no en la elección presidencial.
No obstante, lo cierto es que, de ser ésta la causa que explica la brecha entre las encuestas y los comportamientos que han exhibido los políticos profesionales, el costo de los apoyos debe haberse incrementado de manera significativa. Al fin de cuentas, el mercado electoral se comporta de la misma manera en que lo hacen los demás mercados: entre más riesgoso es el proyecto que se emprende, mayor la expectativa de rentabilidad.
Para poder constatar la hipótesis expuesta, sería necesario averiguar cuáles fueron los términos del acuerdo programático celebrado entre la campaña de Vargas y los parlamentarios conservadores y de la U.
Existe también la posibilidad de que los políticos profesionales alberguen la confianza de que haya un apoyo gubernamental capaz de llevar a Vargas a la presidencia; que se presente una situación similar a la que vivió el país en las elecciones presidenciales de 2014, en las cuales el aparato estatal acometió todas las acciones que pudo para atropellar la candidatura de Zuluaga en beneficio de la de Santos.
Esta apuesta es menos arriesgada -para el caso de los congresistas- pues acá serían unos meros beneficiarios pasivos de una gestión que estaría bajo el resorte del gobierno.
Como sea, cualquiera de las dos posibilidades lleva a una erosión del régimen democrático colombiano.
En el primer caso, veríamos a un presidente hipotecado desde un primer comienzo. Los apoyos parlamentarios no suelen ser esfuerzos que se suman a un proyecto común sino que, por lo general, se trata de alianzas en las que se intercambian votos por favores. Favores que le restan capacidad al gobernante de turno de tomar ciertas decisiones, usualmente las que son más relevantes pero más impopulares.
El segundo panorama es mucho más grave. La elección de los mandatarios debe ser un proceso en el que prima la racionalidad del elector expresada de manera libre y no una actuación administrativa que el gobierno de turno ejecuta con los recursos de los contribuyentes, sin que medien controles eficientes. Ese fenómeno ya lo hemos visto en el pasado. Baste recordar que en las elecciones de 2014 fuimos testigos de los miles de millones de pesos que el señor Santos derrochó en publicidad oficial. Y eso es lo que se conoce, lo que sucedió ante los ojos de los atónitos ciudadanos.
Una eventual intromisión del ejecutivo en la actual contienda electoral sería una más de las muchas actuaciones que este presidente ha acometido en contra de los principios republicanos y de las reglas de buen gobierno que tanto se empeñaba en pregonar.
