-Decenas de alcaldes locales encontraron una fórmula mágica para enriquecerse. La llaman “volteo de tierras” y consiste no en desfalcar el erario, sino en desfigurar a la ciudad misma. La receta es tan simple como silenciosa: entre los asuntos que cotidianamente tramitan los alcaldes y los respectivos Concejos Municipales se introducen propuestas de ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) Parecen reformas menores, pero escondida va alguna que hace el milagro. Así, de la noche a la mañana, el municipio amanece con variaciones en el uso del suelo, de tal forma que terrenos que eran agrícolas se agregan al perímetro urbano con todo lo que ello implica. El propietario de esa faja de tierra se acuesta como agricultor y despierta convertido en rico urbanista.
La denuncia es de la revista Semana, que profundiza en el tema. Dice que el exalcalde de Mosquera Luis Álvaro Rincón Rojas fue el primero en ser llamado a rendir cuentas ante la Justicia por esta modalidad emergente de corrupción.
El mandatario de este municipio, vecino occidental de Bogotá, frotó la lámpara el 30 de diciembre de 2009. Ese día el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado Rincón, en virtud del cual modificó el POT para que una vía estratégica pasara por una zona rural que quedaba incorporada al suelo urbano. El ‘volteo’ de esa tierra hizo el milagro: el lote, que costaba 1.200 millones, en vísperas del Año Nuevo ya valía 3.800 millones. Y el afortunado propietario resultó ser el propio alcalde Rincón, por lo que se solicitará su detención.
Otros comprometidos
Además del exmandatario, la Fiscalía llamó a audiencia de imputación de cargos –por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito– a su esposa, Edith Rocío Peñuela, al exinspector de Policía Wilson Romero Castro, al concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y al contratista Ernesto Pinto Salazar. En la audiencia, programada para el martes 25 de julio, el ente investigador expondrá los intríngulis del caso en el que la esposa de Rincón se habría prestado para aparecer como la compradora del predio mientras que el concejal y el inspector sirvieron de intermediarios. La Fiscalía cuenta con pagarés por al menos 40 millones de pesos a favor de Castellanos, quien habría sido determinante en el milagroso negocio del exalcalde y su socio Pinto.
Habla el Fiscal General
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asegura –en el mismo medio- que “lamentablemente los POT, instrumentos de planeación, se están usando como mecanismo de corrupción. Además de la de Mosquera, tenemos 31 investigaciones en curso sobre esta materia”. El fiscal le precisó a esta revista que 31 investigaciones significan igual número de municipios bajo la lupa. Una buena cantidad de estos está en el entorno de Bogotá. Y la explicación es que debido a la falta de tierra en la capital los municipios de la sabana se convirtieron en una opción interesante. Pero lo que debería ser una valiosa oportunidad de desarrollo a mediano plazo, se está tornando en un inminente colapso por cuenta de las manipulaciones de los POT.
“Hemos evidenciado un ‘modus operandi’ en el que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado, sin vías, sin servicios, sin espacio público y sin tratamiento de aguas residuales, y esos son problemas que harán colapsar los municipios”, explica el senador Carlos Fernando Galán, quien ha investigado el fenómeno en 15 municipios de Cundinamarca. El senador, tras más de un año de indagaciones, encontró algo tan escandaloso y amplio que decidió ponerse en contacto con la Fiscalía y trasladó allí documentos, entrevistas y hasta testigos de todo lo que estaba ocurriendo.
Daniel Coronell
El periodista Daniel Coronell –también en Semana- precisa sobre el tema: -Existen numerosas pruebas que muestran que en municipios de Cundinamarca está funcionando un cartel de “volteo de tierras”. La operación consiste en cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de rural a urbano mediante pago de sobornos a concejales, alcaldes y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. De esta manera las tierras multiplican por miles de veces su valor. Lo que se compró en hectáreas se vende en metros cuadrados. Otra modalidad del mismo delito consiste en rebajar o eliminar irregularmente el cobro de plusvalía, un tributo que debe pagar el propietario de tierras beneficiado por la medida que valoriza su propiedad.
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos pero nada ha sucedido. La mayor parte de las investigaciones por el “volteo” quedaron frenadas en el escritorio del director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, hoy detenido después de ser grabado por la DEA en Estados Unidos recibiendo sobornos del ex gobernador de Córdoba.
