El Fiscal errático y cartel de Transmilenio con retrovisor

Uno puede entender que la justicia por excepción se equivoque, pero lo que indigna es cuando tales yerros confundidos con la rampante impunidad se vuelven la regla general. Pareciera que el Fiscal General de la Nación, por andar de defensor de oficio de los congresistas de su abusiva reforma a la Justicia, pregonando que podían reformar la Constitución a su antojo y sin limitación alguna,  no “tuvo tiempo” para advertir  que ya no era abogado litigante, que no estaba defendiendo a Palacino, dueño de Saludcoop, y que tenía  que ocuparse de las funciones anticorrupción que persistentemente su discurso de posesión juró defender. Del Fiscal General de la Nación a la Noción General de Fiscal: Sigifredo una cortina de humo El Fiscal General de la Nación pareciera lanzar una cortina de humo a su precaria gestión con la vinculación  y reciente excarcelación del exdiputado Sigifredo López. Pretende excusarse echando mano  de la manida figura del cartel de testigos, cuando la existencia de tal flagelo no es nuevo… como el propio Ernesto Samper lo sabe muy bien. Y más cuando ningún gran caso de nuestro derecho penal desde la muerte de Gaitán, pasando por la masacre del Palacio de Justicia, el asesinato de Galán, las chuzadas, falsos positivos, farcpolítica y  parapolítica han estado vacunados contra tal manipulación —en lo que nos puede dar cátedra Javier Cáceres—. El Fiscal General viene del mundo del derecho penal del Externado, especializado en Alemania,  fue viceprocurador de Bernal Cuéllar, otro penalista del cual fue socio y comete uno de los mayores yerros de su gestión y carrera profesional que nunca cometería un estudiante de primer año de derecho. Uribito y el cartel de la contratación, ganadores en la sombra Súmese a lo anterior, cómo a la sombra de la excarcelación de Sigifredo la Fiscalía despide súbitamente al principal investigador y testigo clave del caso de Agro Ingreso Seguro en una fase trascendental de la investigación.  Eso se puede traducir en el favorecimiento del llamado Uribito, a lo cual se añade el cambio de un número significativo de funcionarios de la plana mayor de la entidad que ella califica como “normal”,  aunque no es claro el criterio de su relevo, ni quiénes serán los ocupantes de tan estratégicos cargos, ni por qué relevarlos si es que hay una razón más que burocrática para hacerlo. Este  Fiscal ha tenido la sorprendente capacidad para decepcionarnos más rápidamente que sus predecesores, lo cual contrasta por su sólida formación académica y su tránsito por la Corte Constitucional. Desde ahora la oficina  de protección del Estado deberá estar atenta para repetir los perjuicios contra el mentado ente acusador. Pese al fallido intento de Sigifredo por proteger al Fiscal General, él es quien tiene la responsabilidad en materia de política judicial frente al país, así como la representación de tal ente acusador. Cambio en el sistema de designación del Fiscal General Con los fiscales generales de la Nación  nos está pasando lo mismo que con los presidentes del Congreso en términos de su precaria legitimidad lindante con la improbidad en el ejercicio al frente de la máxima entidad encargada de la persecución del delito. La crisis de la justicia pasa por una reforma al sistema de elección de Fiscal General, —que quizás debería hacerse de cara al país mediante elección por voto popular y no a las cortes, por méritos públicos y no por su capacidad articuladora de componendas burocráticas— y del control efectivo a su ejercicio. Cartel de Transmilenio con retrovisor: esperamos condenas penales por las losas de Peñalosa El cartel de la contratación no se lo inventaron los Nule o los Moreno, por eso todos los involucrados desde su creación, insistimos, deben responder sin excepción alguna. Como lo hemos venido denunciando por años, ya es hora  de ver tras las rejas y con condenas efectivas, no solo a quienes recientemente saquearon las arcas del Distrito y no están presos —como Álvaro Dávila—, o a quienes privados de la libertad como Julio  Gómez y Emilio Tapia se han abstenido de declarar contra Iván Moreno, —pese a haber anunciado públicamente su supuesta “colaboración con la justicia”—, en una cadena  que se retrotrae a la implementación del Sistema Transmilenio en la administración de Enrique Peñalosa. Concretamente Andrés Camargo, su director del IDU, así como su séquito de exfuncionarios, interventores, y contratistas generando perjuicios por monto superior a los $108.000 millones derivados de la contratación irregular de las insufribles losas de Transmilenio en la Autopista Norte. Lo anterior para no mencionar que nada ha dicho la Fiscalía de la jefe de contratos de la época, encontrada asesinada en una arenera en el sur  de Bogotá poco después de que se destapara la escabrosa contratación donde sentaron las bases para el desfalco posterior en su fase superior —no único—durante la era de los Moreno Rojas. Por eso insistimos: Transmilenio con retrovisor y con elevador, para avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades nacionales que se insinúan luego de nuestras denuncias sobre Emilio Tapia en Invías, que empiezan a hacer carrera en la Fiscalía. La profundización en el cartel de Transmilenio de administraciones pasadas, debería ser un estimulo para profundizar en el cartel de la contratación de la administración de Samuel Moreno. Por eso no se entiende como la Fiscalía no busca en las acusaciones contra “peces pesados” del cartel –Samuel e Iván Moreno, Álvaro Dávila,  Emilio Tapia y Julio Gómez— la colaboración efectiva de protagonistas del mismo como los Nule, y hace descansar sus cargos en la declaración del exasesor jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, dándole clara ventaja probatoria a sus contrapartes. Posdata Contraloría General se traslada al centro comercial Gran Estación: no es un chiste… Insistimos que no se entiende cómo la Contraloría General de la República, haya firmado un contrato de arrendamiento para el traslado de su sede del centro de la ciudad a un centro comercial oneroso como es Gran Estación, sin estudios previos, sin el debate público respectivo, y sin la publicación oportuna, por valor superior a los $61.000 millones por dos años. Dicho canon se viene pagando desde el mes de junio y pese a haberse pactado como fecha de entrega el 6 de agosto pasado,  posteriormente se le amplió el plazo al arrendador por un mes más, para el 15 de septiembre. Contra el rechazo de la propia planta de personal se comprará nuevo y suntuoso mobiliario y dotación completa —que deberá pagar adicionalmente la Contraloría— para un contrato que se supone por solo dos años, sin que se conozca cual será la suerte de los tres inmuebles que deja la Contraloría en el centro de la ciudad, ni se hayan definido las reparaciones para su pronto retorno.  Cursan acciones populares ante el Tribunal de Cundinamarca sobre tales hechos. Red de Veedurías demandará contrato con la Drummond La  Red-Ver prepara una acción judicial tendiente a demandar el contrato de concesión suscrito por el Estado colombiano con la Drummond, por graves irregularidades que comporta. Sigue referendo por la salud  y la revocatoria del Congreso  y sus privilegios Recogidas las firmas por el referendo promovido por el senador del Polo que pretende crear una norma para habilitar la revocatoria del mandato, continua  la recolección de firmas del referendo por la salud y la revocatoria directa del mandato –son dos propuestas distintas, no incompatibles—. Este formulario se podrá obtener en www.referendosaludyrevocatoriaya.com. www.redver.org reddeveeduriasdecolombia@gmail.com @pablobustossanc