Alcaldía, basuras y mansión por cárcel

Llama poderosamente  la  atención cómo en torno al intrincado problema suscitado tanto por el desajustado cambio de modelo de recolección de basuras y la propia sanción de destitución del alcalde de Petro por parte  del procurador,  por cuenta de la afectación a la libre competencia, el medio ambiente y poner en peligro la salud de los capitalinos, no se haya avanzado por parte de la propia Fiscalía General de la Nación en el desmantelamiento de lo que sería el cartel de las basuras de la ciudad, que pretendería mantener el control de la administración distrital para su propio beneficio. ¿A quién y a qué le teme  el fiscal? Testigos estrella de la fiscalía como el zar de la intermediación en el cartel de la contratación -Emilio Tapia quien no ha sido privado de la libertad, ni siquiera cuenta con detención domiciliaria, vive rodeado de modelo y asistiendo a costosos eventos en palcos millonarios- y el propio Manuel Sánchez –quien acaba de hundir a su al concejal  Orlando Parada, finalmente privado de la libertad- han sido enfáticos y reiterativos en sus señalamientos a gritos, incluso a través de extensas entrevistas dadas a los medios de comunicación, sobre la existencia de un grupo de empresas y empresarios destinados mantenerse reciclados en el control oligopolico de las basuras en la ciudad, en la cerrada competencia billonaria de la cual se creen dioses y señores. Estos parece confirmar la tesis según la cual al Fiscal  General no quiere enfrentar en serio a los carteles y capos de la corrupción, y parece en su lugar, por extrañas razones, temerle ir a fondo en  grandes  casos de latrocinio – basuras y Saludcoop con su amigo y cliente Carlos Palacino-. Procudaduria y alcaldía: procuratón, alcaldatón, tutelatón… Tampoco ni la procuraduría ni el alcalde de Bogotá parecen interesarles el asunto. Uno y otro se hallan enfilando sus baterías especialmente en la suerte  de las tutelas que hasta  ahora favorecen a este y que irán al Consejo de Estado, y a la Corte Constitucional, escenarios donde al fin y al cabo no dejará de contar el trasfondo del proceso de paz donde un alcalde desmovilizado destituido nítidamente repugna al propósito de los diálogos  de La Habana y el horizonte de participación democrática ofrecido por Santos a nombre del Estado colombiano. Es por esto que la argumentación jurídica  del propio Tribunal de Cundinamarca echa mano de argumentos exóticos, y provisionalidades hasta ahora no conocidos por la jurisprudencia  nacional, hasta invocando la necesidad de la revocatoria del mandato – pensada contra Petro y rechazada al comienzo por este - como su principal medio de permanencia en el cargo. Ahora, la revocatoria del mandato es el principal medio de defensa de Petro, como medio de control político, que ahora tiene plenos efectos judiciales anticipados. Mansión por cárcel a corruptos: nuevo código penitenciario El nuevo código penitenciario expedido recientemente por el Congreso de la República pese a contener  en parte el hacinamiento  carcelario,  y aliviar  las indignas y precarias condiciones de privación de la libertad de los internos, a más de generar la posibilidad de incrementar la gran inseguridad ciudadana por vía de la reincidencia, deja  una sabor aun más agrio frente a los procesados y condenados por  delitos  de corrupción, que en su mayoría entraran a disfrutar la casa por cárcel cuando precisamente  su privación de la libertad retribuía en parte el daño social frente a delitos que de una parte demandan penas más  severas – hasta la cadena perpetua- y por otra el desmonte  de beneficiaros  penales como la propia  casa por  cárcel. Muchos de los del cartel de la contratación o de la salud, Agroingreso seguro, de los presos por las chuzadas, o el saqueo de la Dian serán de lo que próximamente abandonaran las cárceles de la mano de sus actuales defensores donde desfilaran no pocos exmagistrados de las altas cortes, incluidos expresidentes y exfiscales generales de la Nación, haciendo uso de la puerta giratoria de doble moral ampliada. De otra parte, el gran problema a más de la limitación en el número de jueces que tramiten miles de solicitudes una gran avalancha de  internos, es que aún no se cuenta con el aprovisionamiento de brazaletes, ni de personal, ni de monitoreo a quienes por cuenta  del Inpec  tienen a su cargo este último. Es preocupante por cuanto ni hoy mismo se respetan las detenciones  domiciliarias  y con frecuencia se violan las restricciones propias de esta medida haciendo inocuo el rastreo por este medio electrónico. José Juan Rodríguez un concejal suelto por culpa de la Fiscalía General El concejal José Juan Rodríguez -señalado cerebro del cartel de la contratación- se haya a punto de salir de la cárcel debido a que la fiscalía no le acusó dentro del término de ley a quien es señalado de encabezar el cartel de la contratación en su manejo del IDU y de su directora Liliana Pardo, quien fuera cuota de aquel según testigos. Este hecho confirma la tesis que hemos venido esgrimiendo cual es que la fiscalía ha terminado siendo excesivamente permisiva con los concejales involucrados en el cartel de la contratación, puesto que los mismos con mayor frecuencia no aceptan cargos  y esperan ser liberados por cuenta de la ayuda del ente  acusador mismo -la Fiscalía  General de la Nación-. En síntesis cuando el país pide más mano dura contra los corruptos, nosotros proponemos cadena perpetua de prisión efectiva, el legislador otorgó mansión por cárcel. @pablobussanc reddeveeduriasdecolombia@gmail.com