Como abrebocas la semana pasada decía que la trillada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha sido para ciertos sectores de víctimas un elemento de revictimización, comienza a dejar un legado nefasto para la Memoria Histórica de la desgarradora e inclemente violencia colombiana. He considerado que el punto es tan sensible y vergonzoso, que reunido con otras víctimas y sectores objetivos de la opinión y medios de comunicación serios, me he preguntado si es este un Estado Social de Derecho. Y la pregunta no solo surge en atención a dar cuenta de lo desastroso de la Ley 1448 de 2011, sino de las políticas públicas en materia de DD. HH. y víctimas que se conciben en nuestro país.
Para seguir con el hilo conductor de mi columna anterior y recordando que asistimos a aquel encuentro, supuestamente para hacer parte activa de los espacios de participación de la norma, que no era cosa distinta que un cónclave de “monosabios” comunistas, exguerrilleros y otras hierbas de la victimización en Colombia, dispuesto para elegir a su obispo supremo, como cabeza visible en aquellos escenarios.
Cuando interpretando el tenor literal de la convocatoria y de las normas de participación que reglamentan la Ley de Víctimas, propusimos nombres distintos a los de las ONG que por décadas se han tomado el poder y han generado terror en el Urabá, Sur de Bolívar y Cesar, haciéndose pasar por defensores de DD. HH. hasta con sotanas, de inmediato se desató un conato de bronca de aquella turba en nuestra contra, por querer hacer uso del derecho democrático y pluralista de la participación. Digo que fue conato, no porque los agentes del Ministerio Público o las autoridades hayan logrado apaciguar la furia desbocada y aparentemente imposible de sosegar de aquella muchedumbre que hoy vive de la Ley 1448 a través de montajes, sino porque en vista de nuestra impotencia frente a las agresiones verbales y cercanas a las físicas, no tuvimos otra opción más que el retiro de aquella “asamblea” si es que a eso se le puede llamar así.
Horas antes de la hecatombe liderada por Carmen Palencia, se nos había acercado un humilde señor de convicciones férreas e innegociables, que había sufrido la desgracia de una mina antipersonas en su humanidad. Se llama Jaime Enrique Martínez. Iba solo a la reunión en busca de una oportunidad, pero a él también le dijeron ¡NO! Me buscó comentándome que había visto alguna intervención mía en algún medio de comunicación y que se identificaba plenamente con nuestro trabajo a favor de las víctimas. Así pues, don Jaime, miembro de la Asociación Distrital de Sobrevivientes de Minas Antipersonas, estuvo con nosotros a lo largo de ese día y estaba tan indignado que al momento de nuestra dimisión, cuando les dije que radicáramos un acta de retiro, corrió en busca de un papel y de su puño y letra podrán leer el texto del acta que mientras yo recibía los insultos y agravios de la extrema izquierda, radiqué como constancia de un maltrato más a las verdaderas víctimas.
Una vez bajé las gradas que me conducían hacia el escenario del auditorio, que se había convertido en un campo de batalla, procedí a entregarle el acta que está firmada por el Personero Delegado para los DD. HH. y el Veedor de la reunión el Dr. Marco Romero, director de Codhes.
Cuando recibí mi radicado y regresé volviendo la cara hacia los ejércitos de falsos desplazados, una persona mirándome con odio y violencia me gritó “chite perro”. Más allá de sentirme realmente ofendido, pensaba que es increíble que estos líderes oenegeros sean capaces de seguir sembrando odio en los corazones de personas que inclusive sin ser víctimas, se han hecho pasar por ellas, para usurpar los lugares de quienes, en realidad de verdad necesitan un apoyo integral y sienten que la deuda histórica que tiene el Estado con ellas, aún no se salda y que a mi parecer no se saldará, pues la manera de lograrlo no es promoviendo la impunidad para sus victimarios, sino todo lo contrario; esto es, con normas reparadoras, con condenas efectivas y con la verdad a fin de restaurar la Memoria Histórica fehaciente de un país que cada vez está más en manos de los enemigos y alejado de la realidad de sus víctimas.
Bien, esto no termina ahí, pues de ministros patéticos tendremos que decir que es Juan Camilo Restrepo el mejor de sus representantes. En materia de tierras vive engañando a la gente con supuestas restituciones, cuando nada tienen que ver las titulaciones de baldíos con las restituciones de tierras en el marco de la Ley de Víctimas. El miércoles pasado, conversando con uno de los dos procuradores delegados de tierras con jurisdicción nacional, me contaba que en la Procuraduría increparon a Restrepo y le dijeron, “a nosotros no nos venga con esa historia señor ministro. ¿Qué tienen que ver unas titulaciones de predios baldíos con los procesos de restitución material y jurídica de predios despojados, que contempla la Ley 1448? Es posible que eso se lo crean en los Montes de María, pero en este órgano de control no”. Esto es una verdadera canallada.
Es muy triste y grave ver cómo mienten y juegan con la incertidumbre de las víctimas, haciéndoles creer que hoy tenemos resultados positivos en esta materia. Pero esto viene desde el Presidente de la República quien hace pocos días salió a decir que van 55.000 reparaciones por vía administrativa, lo cual tampoco es cierto. ¿Al fin qué?
Surge entonces de nuevo la pregunta: ¿al fin qué? Esto así planteado, vivido y sufrido ¿qué sentido tiene y hacia dónde va? Malusar la reconciliación, como una falsa premisa en pro de altos dignatarios, ministros y demás bufones cortesanos contemporáneos, protagonistas de este acápite dizque humanitario, ¿será acaso una demostración de un verdadero Estado garante de sus asociados, o más bien la migración maldita a través de mentiras, hacia un sistema demagógico que en su deliciosa mascarada nos lleva al comunismo más rápido que tarde? Abrazo cálido. Seguimos trabajando #nomasmentiras
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