¿Al fin qué? (I)

Desde los inicios del debate legislativo en la discusión de la Ley de Víctimas en el Congreso, se avizoraban grandes riesgos, como si fueran un abanico de posibles tropiezos y caídas en la implementación de la norma. Más allá de un vaticinio enclavado en lo más profundo de la tristeza de las víctimas excluidas por la leyezuela, veíamos como por el interés mercantilista y la exigencia de Estados Unidos a Colombia de una política clara humanitaria, para poder rubricar el TLC, se veía venir un panorama negro en materia de reparación administrativa y restitución de tierras. Hoy los hechos hablan por sí solos. Y lo peor es que van en abierta contravía de los mensajes falaces del gobiernos con los que se les llena la boca diciendo que el desarrollo y ejecución de la ley 1448 de 2011, va por muy buen camino, tapando la verdad verdadera. Prueba de ellos es que un año después de sancionada la norma no arroja por ahora ni una sola reparación por vía administrativa, ni una sola hectárea de tierra restituida en el marco de esa disposición. Otra gran preocupación que detectamos en la confección amañada y aprobación a pupitrazos de esa magna obra de arte legislativa, hoy se traduce en los espacios de participación innovados, con el fin de que las víctimas tengamos representación, voz y voto en las políticas públicas en materia de resarcimiento por los daños generados por el fuego cruzado insensato e incesante que hoy nos hostiga. Estos escenarios dispuestos para las proposiciones, el control y la veeduría en la ejecución de la ley y sus decretos reglamentarios, una vez más están diseñados para ser ocupados por los mismos de siempre. Me pregunto entonces: cuál democracia y cual pluralismo, si las mismas ONG de bandidos que se hacen pasar por víctimas y por representantes de víctimas, cuando no son otra cosa distinta que victimarios y despojadores; derivaciones corporativas del ELN, EPL y Farc, curas con sotanas encubridoras de fusiles y falsos mártires que por andar guerrilleriando recibieron bala —como es lógico— ahora dictan cátedra de moralidad y fungen de defensores de Derechos Humanos. El pasado 9 de agosto asistí a una reunión de organizaciones de víctimas y de representantes de los derechos de las víctimas en el Archivo Distrital. Convocatoria realizada tres días antes por la Personería de Bogotá. Sí, tres días antes y había que radicar un formulario y surtir un trámite. Ah, y además el 7 de agosto era festivo; o sea en realidad dos días. Pero así es todo en este tema: a los trancazos y a las volandas. Se trató de una reunión para establecer los lineamientos para garantizar la participación de las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos de las víctimas en los espacios de interlocución transitorios. Como de costumbre asistí a este llamado con gran entusiasmo, pero con las reservas —que desde la más tierna etapa de diseño de la ley de víctimas— he tenido. Se supone que para las mesas municipales, distritales, departamentales y la nacional ya debería estar en funcionamiento, con sus representantes, voceros y secretaría técnica marchando sobre ruedas. Pues no. Como no han sido capaces por la carencia institucional, de infraestructura y tecnológica de expedir los protocolos rectores de esos espacios permanentes, sacaron del sombrero los “Espacios de Interlocución Transitorios de Participación”, con vigencia hasta el 31 de enero de 2013. Previamente el decreto 1196 había ampliado el término de para la inscripción que trajo el decreto 4800 de 2011 que era hasta el 31 de marzo de los corrientes, a consecuencia de la no conformación de las mesas en el país. ¿Qué tal el enredito? En otros términos, los espacios transitorios aún no se han instalado y tienen vigencia de cinco meses, la prórroga para inscripción en mesas va hasta el 4 de octubre y según la norma todos los años durante los tres primeros meses es el término para inscribirse ante agentes del Ministerio Público en busca de un escaño en las famosas mesas a nivel nacional. Uno de los criterios para la conformación de esos espacios obedece al Enfoque Diferencial que garantizará la participación de las víctimas en los espacios transitorios de interlocución teniendo en cuenta el tipo de victimización, el género, el ciclo vital, la pertenencia a grupos étnicos, la condición de discapacidad y la configuración territorial. Por lo tanto se convocará a mujeres, niños/as, adolescentes, población con discapacidad, indígenas, afrocolombianos y Rom —estos últimos bajo el reconocimiento de sujetos colectivos—, para que hagan parte del Espacio de Interlocución Transitorio de Víctimas en el orden Nacional. Esto vino contenido en la circular 004 del 29 de junio de 2012 firmada por la tristemente célebre Paula Gaviria Betancur, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ahora bien, se supone que uno de los puntos del orden del día era elegir a diez representantes de hechos victimizante diferentes al desplazamiento forzado. Acá comienza el desastre. Ni el Personero Delegado para los Derechos Humanos Jorge Nain Ruíz, ni el representante de la Defensoría del Pueblo, ni ninguna otra figurilla que supusiera un referente de autoridad y observancia del enfoque diferencial y la participación democrática en esos espacios, pudo contra la agitación permanente y beligerante de Sor Carmen Palencia, quien una vez más cooptó los espacios de las verdaderas víctimas, con su ejército de falsos desplazados y mamertos. Las arengas y los insultos de la subversiva se oían por los pasillos del Archivo Distrital, como voces intimidantes del diantre que pretendían —como es propio de su estilo— inducir en error a la doctora Nathalia Chacón Triana —Responsable Población Víctima del Conflicto Armado— de la Personería y llevarla en su encause, con el propósito de que los únicos que llenaran el espacio transitorio fueran los desplazados, en contravía repito, de cualquier posibilidad democrática de que las verdaderas víctimas tuviéramos asiento allí. Presumiendo la buena fe de la Dra. Chacón, una jovencita de bien, pero que se ve que no conoce de las tretas seudohumanitarias de los falsos defensores y representantes de víctimas y de las artimañas de Tierra y Vida, Forjando Futuros, Arco Iris y todas estas organizaciones de exguerrilleros, despojadores —algunos sin desmovilizarse aún— y en general de roedores, que a costa de poblaciones en medio del fuego, viven y se lucran de la ley de víctimas, tal como ya lo habían hecho con la de Justicia y Paz. ¿A quién le creemos? Medio siglo de víctimas de las guerrillas quedaron excluidas de la Ley 1448 de 2011, ahora las mesas en manos de los victimarios y las víctimas de la narcoviolencia, como dicen popularmente, quedamos como la guayabera… #nomasmentiras Abrazo cálido. Seguimos trabajando. @colconmemoria presidencia@colombiaconmemoria.org