No más Constituyentes, gracias

El jefe de negociadores del gobierno colombiano en Oslo, Humberto de la Calle, pronunció en el discurso inaugural de los diálogos con las Farc, una frase que quizá pase desapercibida pero que parece interesante por ser dicha en un encuentro entre colombianos que buscan soluciones a un conflicto: “Creemos que escribir leyes agota las soluciones”. Desde que se anunció el comienzo de esos diálogos me he preguntado cuánto tiempo tardará en pedir una Asamblea Constituyente el grupo de lagartos que se quieren apuntar a la Mesa de Conversaciones o incluso que lo pida las propias Farc. Después de oír el discurso de Iván Márquez me temo que por ahí terminarán yendo los tiros, dicho esto sin ánimo de ofender. Asamblea Constituyente o referéndum o cosas por el estilo, ¿para qué? Pues para seguir, en el atolladero en el que vive inmerso este país a pesar del frondoso árbol de leyes que lo cobija. Colombia tiene una impronta leguleya o si se quiere también eso que muchos llaman santanderismo, un término que es familiar sólo a las gentes de este país. Esto para no hablar de prácticas colombianísimas como las instituciones del “mico” o el “pupitrazo” términos también del lenguaje legislativo que sólo aquí se entienden. Dependiendo de la óptica con que se mire Colombia se hablará de una nación de sólidas instituciones democráticas en un continente de tradición golpista en siglos pasados, pero también de un país en donde el gusto por las leyes, decretos, providencias y, en general, por el recurso de formalismos legales termina por envolver la vida de sus ciudadanos hasta hacerla asfixiante. Con esto quiero decir que muchos colombianos creen que emitiendo leyes y decretos como quien hace empanadas se acaba con los problemas de una sociedad como ésta descuadernada por la corrupción y la violencia. En 1991, ante la necesidad de validar unos acuerdos de paz con un grupo guerrillero y gracias el entusiasmo de unos estudiantes bogotanos, el país se embarcó en una Asamblea Constituyente –positiva en algunos aspectos, no lo niego—pero cuyos daños a la sociedad no han sido suficientemente valorados. No pasa una semana sin que las consecuencias de una Carta Magna en la que metió la mano el narcotráfico se dejen sentir para desgracia de todos. Que la ola invernal deja estragos sin resolver por las Corporaciones Autónomas Regionales, ¿quién inventó las CAR? Que la Comisión Nacional de Televisión era una cueva de Alí Babá, ¿quién fue el genio al que se le ocurrió semejante engendro? Que el Consejo Superior de la Judicatura es la casa de Tócame Roque ¿quién es el padre de la criatura? Que el vicepresidente dice demasiados disparates y nadie sabe en qué hornacina poner ese santo. ¿Por qué no buscamos de dónde salió el invento? Ahora pende como una espada de Damocles sobre la sociedad colombiana la elección del Procurador. Han corrido ya ríos de tinta sobre el asunto por lo controvertido del personaje, pero ¿se pregunta alguien a estas alturas por el origen la Procuraduría? El actual titular de la cosa puede invitar a su casa congresistas que lo van a elegir para hacer campaña ante ellos y la Constitución del 91, que con tanto entusiasmo soñaron unos jóvenes bastante ingenuos y que tan bien acogida fue por Pablo Escobar, da la potestad a los senadores de elegir a quien los puede sustituir. Hay países que suelen dar un nombre a alguna de sus constituciones. En España, por ejemplo, es famosa “La Pepa”, la Constitución de 1812 cuyo bicentenario celebrarán dentro de poco los presidentes y jefes de Estado Iberoamericanos en Cádiz. Propongo bautizar la Constitución colombiana de 1991 “La Escobariana” para recordar siempre que un país que deja manosear su Carta Magna por el narcotráfico debe pagar las consecuencias durante varias generaciones. Bien, pues,  por de la Calle y su advertencia: con los reglamentos que hoy tenemos nos basta y sobra para alcanzar la paz.