En memoria de quienes el Estado ha asesinado en 2013

En diciembre siempre iniciamos los balances sobre el año, pero antes de hacer una evaluación general no podía omitir dos escalofriantes asesinados ocurridos hace un par de días. Estos casos nos permiten observar que hay poco que celebrar este año en cuanto a garantías a los derechos humanos y que la vida en Colombia no tiene valor alguno comparado con los megaproyectos o planes que ensombrecen las regiones. Y es que ¿cómo no sentir dolor por el asesinato de Robinson David Mazo un joven de 22 años y el de Jorge Calderón de tan solo 20 años? Cada uno en su región luchó entrañablemente por sus derechos y los de su comunidad; Robinson levantó su voz contra el proyecto Hidroituango que se construye en Antioquia desde el año 2010 y que ha causado el desplazamiento de cientos de familias, ha dejado sin empleo a pequeños pescadores y baraqueros, además de amenazar la sostenibilidad ambiental de las regiones cercanas. Por su parte, Jorge participó activamente en el Paro Campesino que se vivió este año en el Catatumbo. Tanto Robinson como Jorge encarnan a decenas de hombres y mujeres que han decidido, como opción vital, la defensa de la vida, el ambiente y la dignidad. Ellos se levantaron pacíficamente, sin armas, contra los atropellos cometidos por el Estado colombiano mediante la represión directa o el favorecimiento de empresas que infringen los derechos humanos. El resultado: Robinson recibió siete impactos de bala  el 30 de noviembre a las 10:00am en el sitio conocido como La Matanza  y Jorge recibió una ráfaga de disparos la noche del 2 diciembre cuando caminaba hacia su hogar. Y ahora ¿quién responde? Debe ser el mismo Estado que los ha asesinado, porque haya sido directa o indirectamente, es el Estado colombiano quien tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Pero tampoco omitamos la responsabilidad directa del mismo en estas muertes: ambos asesinatos se comenten contra jóvenes de corta edad, que ya habían sido amenazados y quienes el gobierno no había protegido. Además, los lugares de sus asesinatos (cascos urbanos de Todelo, Antioquia, y de Tibú, Norte de Santander) son conocidos por los habitantes de la región como espacios con una fuerte militarización y prolifera presencia y control paramilitar. Entonces, ¿Cuántas familias en luto nos deja este año 2013? ¿Cuántas vidas han sido cegadas mientras clamaban justicia, verdad, vida digna, trabajo, salud, educación y paz? El balance es desolador y no solo por los atroces hechos dónde tantas personas han sido asesinadas, torturadas, violentadas, amenazadas y hostigadas, sino porque la impunidad reina en estos casos y porque sabemos, en el fondo, que esta situación no va a cambiar en un futuro cercano. Lo que haremos desde el lugar dónde nos encontremos, porque es nuestro deber y sentir, es no callar este dolor y seguir gritando nuestra exigencia de justicia y protección. La vida humana merece ser cuidada en cada una de sus expresiones y nosotros merecemos que el Estado nos responda ¿Por qué no lo hace?