La frase de cajón que dice, “Todo en exceso es malo” aplica formidablemente para la democracia colombiana, un sistema en el que la popularidad termina legitimando y legalizando todo, incluso la discriminación y los derechos humanos. Recurriendo a la falacia de aceptar un argumento como verdadero, si las mayorías así lo consideran, el referendo se ha convertido en una peligrosa herramienta a través de la cual la idea de cualquier ciudadano puede volverse ley de la república e incluso reformar la constitución, así esta sea una idea fundamentalista del extremismo religioso.
Tal es el caso del insólito referendo promovido por la extremista cristiana Viviane Morales, que además de costarle al fisco nacional unos 280 mil millones de pesos, va en contra de todo principio humanista, constitucional y jurisprudencial, es una idea del radicalismo cristiano con serias posibilidades de modificar la norma en un Estado Social de Derecho que poco a poco, va sembrando pinitos hacia una teocracia.
Y es que la voluntad popular en estos casos, como en muchos otros, suele estar equivocada, recordemos la inmensa aceptación de la cual gozaba la esclavitud durante siglos en todas las culturas humanas, entre otros casos más recientes de ideas populistas como el Tercer Reich en la Alemania nazi o la Yihad en medio oriente.
Todas estas expresiones populares y cargadas de odio encuentran luces jurídicas en un país que se ha excedido en democracia, así como en corrupción, la “Democratiam Satura”, por lo menos en el caso de Colombia, ha demostrado no ser tan efectiva para el progreso de una sociedad donde el aparato estatal, influenciado por extremistas religiosos, funciona más efectivamente para violentar derechos de las minorías que para garantizar la educación universal, el trabajo y la salud de buena calidad.
Y es que el poder que han venido demostrando líderes extremistas como Viviane Morales, Alejandro Ordoñez o Marco Fidel Ramírez, entre otros; ya van haciendo encender las alarmas de un Estado que se ufana de laico y garantista, para comenzar a tipificar el extremismo religioso como un delito o en su defecto, proclamar una ley antiextremista que no vaya a ser sesgada por marchas convocadas por los personajes que se verían aludidos.
Ni que hablar de los líderes religiosos de los cientos de iglesias registradas en Colombia, sin incluirlos a todos, la gran mayoría suelen invitar al odio por las personas diferentes a estas religiones, en el mejor de los casos, siembran la semilla de la discriminación en el imaginario de sus feligreses a quien además a través de sendos engaños con cuentos salidos de la mayor irracionalidad, los despojan de dinero con el permanente chantaje de la vida eterna.
Si las instituciones colombianas no hacen pronto caso a la situación de extremismo que solapadamente va ganado terreno en la política nacional, ideologías extremas pueden llegar a cambiar radicalmente la cultura del país si se sigue asentando.
