Lo que pretendía ser una herramienta para la Policía, en términos de convivencia y orden ciudadano, al parecer se ha vuelto una herramienta de soberbia y ataque contra la misma ciudadanía.
Nunca desde la promulgación de la Ley 1801 de 2016 o mas conocido como el Código de Policía y Convivencia, se habían visto tal aumento en el número de comparendos, lo cual no resulta tan escandaloso por el número como si lo es por las causas de dichos comparendos.
Tal vez en la historia nacional, no se había visto que se llamara a comparecer a ciudadanos por situaciones tan inverosímiles como por ejemplo por la compra y consumo de una empanada, que es casi uno de los alimentos tradicionales, populares y casi insignia del país, entendiendo claro está que se haya intentado justificar por la supuesta promoción y facilitar el espacio público, sin embargo, para la mayoría de colombianos, esta medida ha sido catalogada como arbitraria y por supuesto, en lugar de generar el efecto que seguramente buscaba la autoridad policial, ha generado un generalizado rechazo y hasta burlas a la autoridad por lo exótico de la “contravención”.
A este caso se suman otros de similar inverosimilitud, en los que la rareza ha sido la regla y que han terminado llamando a comparecer por situaciones que son comunes entre los colombianos, como la sucedida el año anterior en Tunja, pero que fue conocido solo hasta esta semana, en la que un ciudadano fue multado al parecer por estar corriendo en vía publica, lo cual a la luz de los policiales y del Código, es un comportamiento que "afecta las relaciones entre las personas y las autoridades".
En esta cacería de brujas en la que se ha convertido esta búsqueda insaciable de “infractores”, los colombianos fuimos testigos de otro caso Sui Generis, que si bien no fue realizado por la Policía Nacional, si fue por la autoridad aeronáutica, quienes multaron al Señor Jorge Mesa, cuando al pasar por los controles aeronáuticos en la ciudad de Bogotá en el momento en el que se dirigía a la ciudad de Bucaramanga, fue requerido por los guardas de seguridad del aeropuerto al caérsele los pantalones, en un acto involuntario que podría pasarle a cualquier persona.
Este adulto mayor deberá pagar la no despreciable suma de 18 millones de pesos, al ser acusado de actos obscenos, si bien, esta es una situación que podría dirimirse aparentemente de manera fácil, consultando las cámaras de seguridad o con el solo ojo objetivo de los mismos guardias quienes podría haber observado si la conducta del anciano obedecía a intereses obscenos o si por el contrario fue un acto involuntario, sin embargo la multa sigue vigente y la autoridad aeronáutica no se ha pronunciado al respecto, agregándole con este caso, un elemento más a la paranoia colectiva que ha venido generando ese desmedido incremento en sanciones a ciudadanos.
Es posible que las autoridades nacionales estén en el mejor interés de cumplir con su deber y sus obligaciones constitucionales, sin embargo, la forma en la que esto se ha venido haciendo ha generado el efecto inverso, llevando a un descontento generalizado y a desdibujar a la autoridad como facilitador de la convivencia ciudadana y la regulación social, generando además el aumento en los niveles de angustia ciudadana y de neurosis colectiva que lleve a que las personas en lugar de sentirse protegidas, se sientan amenazadas y vigiladas y que cada acción, por cotidiana y común que sea, puede ser motivo de una sanción moral, penal o económica.
Es posible que para parar esta cacería de brujas, se haga necesaria una muy intensiva campaña de sensibilización acerca de las infracciones ciudadanas incluidas en el Código o por lo menos, aquellas que son violadas más comúnmente por los ciudadanos antes de pasar a la fase sancionatoria, ademas de que no sobraría una formación mas intensiva a los policiales en temas relacionados con derechos humanos y atención al ciudadano.
@Prometeo214
