La lista la encabeza el ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene más de 50 escoltas para él y su familia. Le siguen Piedad Córdoba; el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el ex ministro Fernando Londoño; el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras; el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el Procurador General, Alejandro Ordóñez. Y, entre las víctimas, Carmen Palencia.
Pero en total son 900 los colombianos que pueden convertirse en blanco de un atentado. Por sus vidas debe responder Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El 22 de octubre de 1986, a los doce años, Andrés Villamizar regresaba del colegio Rochester a su casa, como todos los días. Cuando el bus en que viajaba se detuvo, advirtió que su hermano menor lo esperaba en la calle con gesto de preocupación. Entonces, Villamizar se enteró de que su papá, Alberto, representante a la Cámara, había sufrido un atentado. La buena noticia: había salido ileso.
A pesar de estar custodiado por la Unidad Nacional Protección, UNP, el ex ministro Fernando Londoño sufrió un atentado en el que fallecieron dos de sus escoltas uno de la Policía Nacional y el otro de la Unidad.
En medio de la cruda realidad que vivía el país, Villamizar creó un vínculo con los temas de violencia. Además del atentado a su padre, los asesinatos del ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y del candidato presidencial Luis Carlos Galán, entre otros, marcaron su destino. Otro hecho determinante en su vida fue el secuestro, durante siete meses, de Maruja Pachón, su mamá, a manos del Cartel de Medellín.
Villamizar entró a estudiar Economía a la Universidad de los Andes con la esperanza de vincularse al gobierno de César Gaviria, quien estaba contratando jóvenes economistas para conformar su equipo de trabajo.
Su ambiente familiar lo acercó a la política. En 1999 se vinculó a la Unidad de Justicia y Seguridad de Planeación Nacional. Luego, en 2002, Martha Lucía Ramírez, entonces ministra de Defensa lo contrató como asesor del Plan Colombia.
Pero fue con la llegada de Germán Vargas Lleras al ministerio del Interior, cuando asumió sus mayores retos: primero en la Subdirección de Convivencia Ciudadana, y desde hace uno, en la cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Al llegar se dio cuenta que en la Unidad se realizan al año aproximadamente 10 mil estudios de evaluación de riesgos a personas, así como 31 estudios de seguridad a instalaciones de entidades públicas, de las cuales más de 1.883 están en proceso. En total, este programa ha custodiado a 29.169 personas desde 1997, cuando se creó. Tiene un presupuesto anual de 200 mil millones de pesos.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez tendría el esquema de seguridad más grande del país.
Villamizar afirma que si la dependencia que dirige hubiera existido antes, se habrían podido evitar varios atentados. La Unidad Nacional protege a funcionarios y servidores públicos que participan en el esquema de seguridad del Presidente, ministros, congresistas, magistrados y gobernadores. Pero también protege a actores políticos anónimos, como los 300 líderes de restitución de tierras, 1.500 concejales, 100 diputados, 250 alcaldes, así como a ex integrantes de grupos armados como del M-19, Quintin Lame, PRT, Eln y Epl. Aparte de ellos, hay 11 mil personas que requieren de medidas extremas de seguridad.
Entre los miles de líderes sociales anónimos que hay en el país, la que más le produce orgullo es Mayerlis Angarita, quien trabaja por los derechos de la mujer en los Montes de María (Sucre). Ella le rogó que le brindara protección porque su vida corría peligro. Cuatro después sufrió un atentado, pero la escolta que le asignaron salvó su vida.
El tema que hoy desvela son los diálogos de paz que adelantan el Gobierno Nacional y las Farc que, de llegar a feliz término, les abriría las puertas para la acción política legal a cientos de guerrilleros, a quienes el Estado debe garantizarles su seguridad. Para que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica.
A pesar de estar custodiado por la Unidad Nacional Protección, UNP, el ex ministro Fernando Londoño sufrió un atentado en el que fallecieron dos de sus escoltas uno de la Policía Nacional y el otro de la Unidad.
En medio de la cruda realidad que vivía el país, Villamizar creó un vínculo con los temas de violencia. Además del atentado a su padre, los asesinatos del ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y del candidato presidencial Luis Carlos Galán, entre otros, marcaron su destino. Otro hecho determinante en su vida fue el secuestro, durante siete meses, de Maruja Pachón, su mamá, a manos del Cartel de Medellín.
Villamizar entró a estudiar Economía a la Universidad de los Andes con la esperanza de vincularse al gobierno de César Gaviria, quien estaba contratando jóvenes economistas para conformar su equipo de trabajo.
Su ambiente familiar lo acercó a la política. En 1999 se vinculó a la Unidad de Justicia y Seguridad de Planeación Nacional. Luego, en 2002, Martha Lucía Ramírez, entonces ministra de Defensa lo contrató como asesor del Plan Colombia.
Pero fue con la llegada de Germán Vargas Lleras al ministerio del Interior, cuando asumió sus mayores retos: primero en la Subdirección de Convivencia Ciudadana, y desde hace uno, en la cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Al llegar se dio cuenta que en la Unidad se realizan al año aproximadamente 10 mil estudios de evaluación de riesgos a personas, así como 31 estudios de seguridad a instalaciones de entidades públicas, de las cuales más de 1.883 están en proceso. En total, este programa ha custodiado a 29.169 personas desde 1997, cuando se creó. Tiene un presupuesto anual de 200 mil millones de pesos.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez tendría el esquema de seguridad más grande del país.
Villamizar afirma que si la dependencia que dirige hubiera existido antes, se habrían podido evitar varios atentados. La Unidad Nacional protege a funcionarios y servidores públicos que participan en el esquema de seguridad del Presidente, ministros, congresistas, magistrados y gobernadores. Pero también protege a actores políticos anónimos, como los 300 líderes de restitución de tierras, 1.500 concejales, 100 diputados, 250 alcaldes, así como a ex integrantes de grupos armados como del M-19, Quintin Lame, PRT, Eln y Epl. Aparte de ellos, hay 11 mil personas que requieren de medidas extremas de seguridad.
Entre los miles de líderes sociales anónimos que hay en el país, la que más le produce orgullo es Mayerlis Angarita, quien trabaja por los derechos de la mujer en los Montes de María (Sucre). Ella le rogó que le brindara protección porque su vida corría peligro. Cuatro después sufrió un atentado, pero la escolta que le asignaron salvó su vida.
El tema que hoy desvela son los diálogos de paz que adelantan el Gobierno Nacional y las Farc que, de llegar a feliz término, les abriría las puertas para la acción política legal a cientos de guerrilleros, a quienes el Estado debe garantizarles su seguridad. Para que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica.
