Después de 30 años son más los interrogantes que las certezas de lo ocurrido en 1985 en el Palacio de Justicia.
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Hay elementos que han salido a la luz pública tiempo después, como que el cartel de Medellín habría financiado la aventura criminal del M-19 en la toma del Palacio de Justicia para acallar las voces y documentos que iban avalar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
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De hecho, alias ‘Popeye’, lugarteniente de Pablo Escobar, dijo que su jefe le dio dos millones de dólares al segundo al mando del M-19, Iván Marino Ospina, para que le dieran el golpe a la justicia y al gobierno de Belisario Betancur.
Sin embargo, han perdurado los mismos interrogantes de siempre: ¿Por qué si se sabía de la toma del Palacio las Fuerzas Armadas no hicieron algo para evitarla?, ¿por qué retiraron un día antes del ataque la vigilancia del recinto?, ¿por qué la fuerza pública desapareció a los trabajadores de la cafetería del Palacio?, ¿por qué la fuerza pública no admite hoy día los desmanes y desapariciones?
KienyKe.com habló con uno de los tres integrantes de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, el expresidente de la Corte Constitucional y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nilson Pinilla Pinilla, para encontrar más elementos que respondan estas preguntas. La Comisión de la Verdad fue creada en el 2005 y cinco años después entregó las ya conocidas conclusiones sobre lo que pasó ese fatídico seis de noviembre de 1985 en pleno centro de la capital del país.
Fueron cinco años en los que los tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (Nilson Pinilla, José Roberto Herrera y Aníbal Gómez Gallego) recibieron toda clase de testimonios y pruebas, de las que se valió el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar a Colombia por las desapariciones del Palacio de Justicia.
Con este precedente, la pregunta obligada para el exmagistrado Pinilla es ¿qué recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad no han sido tenidas en cuenta por el gobierno?
El expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla.
“Una recomendación central que hizo la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia es que la Nación a través de la Rama Ejecutiva reconociera la responsabilidad por los hechos del seis de noviembre de 1985 en lo que atañe al haber retirado la fuerza pública del Palacio y haber permitido ese exceso de fuerza en la recuperación del mismo, si se puede llamar recuperación encontrar unas ruinas y unos cadáveres. Hasta ahora se va a cumplir esta recomendación por parte del presidente de la República, quien manifestó que va pedir perdón a las víctimas del holocausto”, respondió Pinilla.
Sin embargo, el excomisionado de la verdad del Palacio señaló que aún no todos han pedido perdón por lo sucedido, ni han hecho aportes para conocer la verdad. Entre ellos fue enfático en señalar al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, los militares que comandaron la retoma y algunos ministros del Gobierno de Belisario Betancur como Noemí Sanín y Jaime Castro.
“El senador Antonio Navarro, quien integró el M-19 ya pidió perdón, pero Gustavo Petro nunca, él ha sido muy soberbio y ha actuado muy arrogante frente al tema, e incluso ha dicho que a los exmiembros de esa guerrilla se les debe indemnizar por la reacción de la fuerza pública, cuando la realidad fue que esos insurgentes cuando entraron al Palacio asesinaron a dos vigilantes y al administrador del mismo que se encontraba desarmado, y acribillaron a todos los magistrados de la Sala Penal y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por orden de Pablo Escobar”.
“La operación ratonera fue llamada así porque el Palacio de Justicia sólo tenía dos salidas, la puerta por la plaza de Bolívar y la del parqueadero por la carrera octava, además que de la edificación no se podía salir por las ventanas. Entonces allí la fuerza pública le tendió la trampa a los guerrilleros, facilitando la entrada al Palacio.
Nosotros en la Comisión de la Verdad no afirmamos ni descartamos tal operación, sin embargo hay unos indicios muy graves que llevan a algo parecido, pues el gobierno y la fuerza pública sí tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación de que el M-19 se iba tomar el Palacio de Justicia, y a raíz de eso redoblaron la vigilancia, pero decidieron retirarla el cinco de noviembre, un día antes del ataque.
Y la quitaron sabiendo que los magistrados de la Sala Penal y Constitucional de la Corte Suprema seguían recibiendo amenazas de los narcotraficantes, y casualmente estaban estudiando el mismo día de la toma una ponencia que daba vía libre al tratado de extradición con Estados Unidos.
Por su parte, el coronel Pedro Herrera Miranda de la Policía dijo que había ordenado recortar la vigilancia del Palacio por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Eso es una gran mentira, primero porque el magistrado era de los más amenazados, y segundo porque no era función suya pedir el retiro de la vigilancia del Palacio, pues los presidentes de las cortes son sólo voceros, y para poder sugerir el retiro de la fuerza pública tenía que haberse reunido con su homólogo del Consejo de Estado.
De hecho, el presidente en ese entonces del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, dijo que Reyes Echandía no podía haber tomado la decisión solo, ni mucho menos le consultó tal posibilidad.
De igual manera, ese coronel Herrera aseguró que la orden se la dio el magistrado personalmente en su despacho a finales de octubre de 1985, pero ese día Reyes estaba dictando unas conferencias en Bucaramanga. El actual ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del magistrado asesinado, dio fe de eso.
La decisión de redoblar la seguridad en el Palacio de Justicia la tomó el Consejo Nacional de Seguridad, por lo que tenía que ser esa entidad la que hubiera decidido recortar la vigilancia, y no un oficial de la Policía.
Por eso se piensa que la fuerza pública tuvo interés en que se quitara la vigilancia del Palacio para instigar al M-19 a tomárselo".
Los que se salvaron de la masacre y la desaparición lo hicieron porque salieron por sus propios medios, solos. Sin embargo, hay que resaltar que excepcionalmente hubo miembros de la fuerza pública que actuaron bien, como el caso del magistrado Humberto Murcia Ballén, a quien le faltaba una pierna de tiempo atrás, se arrastró por un pasillo y un soldado lo ayudó a trasladarse hasta la salida.
Otros contaron con suerte pero pasaron su propio viacrucis para obtener la libertad. Hubo dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado quienes el día del holocausto habían ido a entregarle unos trabajos a un magistrado auxiliar al Palacio. No resultaron heridos pero el Ejército los trasladó a la Casa del Florero, allá fueron maltratados, ambos relataron que recibieron varias patadas, posteriormente los llevaron al batallón de caballería donde los siguieron maltratando. De ahí los trasladaron a las instalaciones de la entidad que precedió a la Dijin, donde podían ver si tenían antecedentes judiciales. Finalmente los llevaron después a un batallón de inteligencia militar que quedaba al sur cerca al cerro de Guadalupe. Iban claramente en un proceso de desaparición y a ellos mismos se lo dijeron.
Sin embargo, un compañero de ellos era hijo del general Miguel Maza Márquez, además que el rector de la Universidad, Fernando Hinestrosa, empezó a mover cielo y tierra para encontrar a los dos estudiantes. Fuera de eso, uno de los jóvenes retenidos era sobrino del gobernador de Bolívar de la época. Finalmente, cuando los dos estudiantes se sintieron muertos, les dieron la orden para que se fueran.
Dentro del Palacio el Ejército movió los cadáveres y arrojó varios cuerpos desde los pisos altos, y después les dieron órdenes a los bomberos para que lavaran los restos que quedaban al interior de la edificación, lo que generó más destrozos. Después recogieron los cuerpos sin identificar en bolsas y los enviaron a Medicina Legal, entidad que no estaba preparada para recibir tantos cadáveres, y cuando se preparaban para identificarlos les llegó otro cúmulo de cadáveres provenientes de la avalancha de Armero. Muchos de esos cadáveres fueron a parar a fosas comunes.
Hay una declaración de dos investigadores holandeses que se encontraban en el cementerio del Sur y vieron cuando llevaban pedazos de carbón y cuerpos completos y los arrojaban sin ningún recato o técnica en una fosa. Al ver esto, ellos preguntaron que quiénes eran esos cuerpos, a lo que obtuvieron la respuesta “los hijueputas del Palacio”. Esto lo que demostró es que no hubo ningún interés por identificar esos cadáveres.
Por ejemplo el cadáver del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Pedro Elías Serrano Abadía, aparecía con tres meses de embarazo".
¿Por qué se ensañó la fuerza pública contra los trabajadores de la cafetería?
“La fuerza pública creía que la guerrilla tenía infiltrados en la cafetería porque pensaron que allí los abastecerían de alimentos por el tiempo largo que iban a durar en la toma del Palacio, tal como ocurrió en la toma de la embajada de República Dominicana. Por eso desaparecieron a los trabajadores de la cafetería”.
Después de relatar varias historias poco conocidas del holocausto del Palacio de Justicia con lujo de detalles, el exmagistrado Nilson Pinilla quiso finalizar con la siguiente reflexión:
“Si no hay claridad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia que queda en todo el centro de Bogotá, qué esperar de lo que ha pasado en Corinto, Cauca, o lo que ha acontecido en Jiguamiandó, Chocó, y otras tantas poblaciones del país donde la violencia golpeó tan severamente”.
El expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla.
“Una recomendación central que hizo la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia es que la Nación a través de la Rama Ejecutiva reconociera la responsabilidad por los hechos del seis de noviembre de 1985 en lo que atañe al haber retirado la fuerza pública del Palacio y haber permitido ese exceso de fuerza en la recuperación del mismo, si se puede llamar recuperación encontrar unas ruinas y unos cadáveres. Hasta ahora se va a cumplir esta recomendación por parte del presidente de la República, quien manifestó que va pedir perdón a las víctimas del holocausto”, respondió Pinilla.
Sin embargo, el excomisionado de la verdad del Palacio señaló que aún no todos han pedido perdón por lo sucedido, ni han hecho aportes para conocer la verdad. Entre ellos fue enfático en señalar al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, los militares que comandaron la retoma y algunos ministros del Gobierno de Belisario Betancur como Noemí Sanín y Jaime Castro.
“El senador Antonio Navarro, quien integró el M-19 ya pidió perdón, pero Gustavo Petro nunca, él ha sido muy soberbio y ha actuado muy arrogante frente al tema, e incluso ha dicho que a los exmiembros de esa guerrilla se les debe indemnizar por la reacción de la fuerza pública, cuando la realidad fue que esos insurgentes cuando entraron al Palacio asesinaron a dos vigilantes y al administrador del mismo que se encontraba desarmado, y acribillaron a todos los magistrados de la Sala Penal y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por orden de Pablo Escobar”.
Funcionarios del gobierno de Belisario Betancur
Esta semana causó sorpresa el llamado a declarar que hizo la Fiscalía General a algunos funcionarios de la época de los hechos del Palacio, siendo Noemí Sanín y Enrique Parejo los más conocidos, exministros de Comunicaciones y Justicia respectivamente. Pinilla Pinilla aseguró que más que una investigación penal o disciplinaria contra estos funcionarios del gobierno de Belisario Betancur lo que se debe es llegar a la verdad. “Ese perdón también deberían ofrecerlo aparte de Gustavo Petro, el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega y el general retirado del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales, así como el entonces director de la Policía Víctor Delgado Mallarino, y algunos miembros del gabinete que no asesoraron debidamente al expresidente Betancur, como Noemí Sanín”. Según explicó el expresidente de la Corte Constitucional, “durante buena parte del día de ese seis de noviembre de 1985 varias emisoras informaron lo que pasaba en el Palacio de Justicia, pero en la tarde esa transmisión se interrumpió por orden de la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, lo que Yamit Amat y Juan Gossaín llamaron censura de prensa. (…) Por qué se empeña Noemí Sanín en decir que no hubo censura de prensa cuando ella ordenó salir del aire a los canales nacionales, y en esos momentos que no había transmisión fue donde se recrudeció con más ferocidad los ataques del Ejército al Palacio y cuando murieron la mayoría de civiles. La prensa nacional sólo alcanzó a mostrar un cañonazo sobre la fachada del Palacio de Justicia, pero fueron muchos sin importar quién estuviera del otro lado del blanco”.Responsabilidad de la fuerza pública y Plazas Vega
A pocos días de que la Corte Suprema de Justicia resuelva como última instancia la condena contra el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, Nilson Pinilla aseguró que falta que el oficial y otros militares digan la verdad y pidan perdón a las víctimas. “No se puede seguir tapando el sol con un dedo, pues está ampliamente demostrado que personas salieron vivas del Palacio acompañadas de miembros de la fuerza pública y después desaparecieron. La misma fuerza pública es la que tiene que explicar qué pasó con ellos. El coronel Plazas Vega mandaba más que cualquier otro teniente coronel del Ejército de la época, porque era el yerno del entonces ministro de guerra, el general Miguel Vega Uribe, y además era el responsable del comando de Caballería de donde salieron los tanques de guerra que hicieron presencia en el Palacio de Justicia. Incluso el general Arias Cabrales, quien era el jefe de Plazas Vega, no tuvo en realidad el mando de la situación en el Palacio. Como se sabe al comando de caballería fueron llevados varios de los rehenes del Palacio, quienes decían con los ojos vendados que olía bastante a estiércol de caballo donde fueron llevados, a pesar que no sabían dónde estaban. De hecho, la exclamación del coronel Alfonso Plazas Vega ese día lo dice todo, pues ante la inquietud de varios periodistas de que en el Palacio de Justicia había varios magistrados sufriendo, respondió: 'Yo no sé quiénes están ahí, a mí me dispararon, yo disparé'. Además que el Ejército no respondió el fuego con armas convencionales, sino con cañones de guerra contra unas paredes de vidrio y madera, de cuyo lado opuesto se encontraban magistrados y otros empleados. No se tomó la más mínima medida para tratar de preservar la vida de los rehenes, ni se hizo un plan para evitar que el M-19 se tomara el Palacio, ni si quiera para conocer cómo era la edificación por dentro. A falta de esa estrategia, ingresaron con una fuerza descomunal. La misma fuerza pública se empeña en debilitar el buen nombre de sus instituciones, pues aunque el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía merecen el más alto crédito de la nación, con cosas tan obvias como las que pasaron en el Palacio de Justicia y se mantienen en ocultarlas, debilitan esa confianza. Ellos no reconocen que no hubo exceso de fuerza, ni que salieron personas con vida y los desaparecieron”.Disculpas ofrecidas por Belisario Betancur
Este miércoles el expresidente Belisario Betancur pidió perdón por los hechos del Palacio de Justicia, y aseguró que sus actuaciones siempre estuvieron dirigidas a buscar la paz. Pinilla resaltó el mensaje enviado por el expresidente de la República, aunque admitió que el segundo gran responsable de los hechos del Palacio después de la guerrilla fue el Gobierno de ese entonces. “El expresidente Betancur procedió con bastante gallardía. Hay que recordar que esa misma noche del holocausto salió a decir que asumía toda la responsabilidad, aunque nunca ha aceptado que hubo un vacío de poder. Pero sí existió ese vacío de poder, porque hacia el mediodía del seis de noviembre de 1985 el presidente de la República llamó al ministro de Guerra, Miguel Vega Uribe, pero éste no le quiso pasar al teléfono. Esto lo dijo Mauricio Pimiento, quien fue senador, y ese día a la hora señalada se encontraba en el despacho del ministro. Vega Uribe apareció por la tarde en el Palacio cuando ya estaba avanzada la retoma del Palacio. Asimismo el expresidente manifestó que dio la orden de que se restableciera la democracia recuperando el Palacio pero respetando la vida de los rehenes y los guerrilleros, y sin embargo a tres cuadras de distancia tuvo que darse cuenta que no se respetó la vida de nadie. No pudo hacer nada para evitar que eso ocurriera y quedó como un simple espectador”. Finalmente Pinilla señaló que “también los ciudadanos de ese entonces debemos pedir perdón por nuestra indolencia y pusilanimidad al permitir que eso quedara en el olvido”.Operación ratonera
Esta misma semana el fiscal Eduardo Montealegre aseguró que abrió investigación contra tres generales del Ejército porque aparentemente estarían involucrados en la operación ratonera.
“La operación ratonera fue llamada así porque el Palacio de Justicia sólo tenía dos salidas, la puerta por la plaza de Bolívar y la del parqueadero por la carrera octava, además que de la edificación no se podía salir por las ventanas. Entonces allí la fuerza pública le tendió la trampa a los guerrilleros, facilitando la entrada al Palacio.
Nosotros en la Comisión de la Verdad no afirmamos ni descartamos tal operación, sin embargo hay unos indicios muy graves que llevan a algo parecido, pues el gobierno y la fuerza pública sí tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación de que el M-19 se iba tomar el Palacio de Justicia, y a raíz de eso redoblaron la vigilancia, pero decidieron retirarla el cinco de noviembre, un día antes del ataque.
Y la quitaron sabiendo que los magistrados de la Sala Penal y Constitucional de la Corte Suprema seguían recibiendo amenazas de los narcotraficantes, y casualmente estaban estudiando el mismo día de la toma una ponencia que daba vía libre al tratado de extradición con Estados Unidos.
Por su parte, el coronel Pedro Herrera Miranda de la Policía dijo que había ordenado recortar la vigilancia del Palacio por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Eso es una gran mentira, primero porque el magistrado era de los más amenazados, y segundo porque no era función suya pedir el retiro de la vigilancia del Palacio, pues los presidentes de las cortes son sólo voceros, y para poder sugerir el retiro de la fuerza pública tenía que haberse reunido con su homólogo del Consejo de Estado.
De hecho, el presidente en ese entonces del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, dijo que Reyes Echandía no podía haber tomado la decisión solo, ni mucho menos le consultó tal posibilidad.
De igual manera, ese coronel Herrera aseguró que la orden se la dio el magistrado personalmente en su despacho a finales de octubre de 1985, pero ese día Reyes estaba dictando unas conferencias en Bucaramanga. El actual ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del magistrado asesinado, dio fe de eso.
La decisión de redoblar la seguridad en el Palacio de Justicia la tomó el Consejo Nacional de Seguridad, por lo que tenía que ser esa entidad la que hubiera decidido recortar la vigilancia, y no un oficial de la Policía.
Por eso se piensa que la fuerza pública tuvo interés en que se quitara la vigilancia del Palacio para instigar al M-19 a tomárselo".
Los desaparecidos y los que contaron con suerte
La Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia que entregó sus conclusiones hace cinco años, reconoce que sí hubo varios desaparecidos, tal como lo ha sostenido la Fiscalía. “Aparte de la dolorosa situación de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia que hoy día los siguen buscando, hay otros casos que se resolvieron, como el de Horacio Urán, un magistrado auxiliar que en fotos se ve cuando sale cojeando apoyado por un soldado porque recibió un disparo en su pierna, y posteriormente aparece su cadáver dentro del Palacio con otro disparo en la cabeza.
Los que se salvaron de la masacre y la desaparición lo hicieron porque salieron por sus propios medios, solos. Sin embargo, hay que resaltar que excepcionalmente hubo miembros de la fuerza pública que actuaron bien, como el caso del magistrado Humberto Murcia Ballén, a quien le faltaba una pierna de tiempo atrás, se arrastró por un pasillo y un soldado lo ayudó a trasladarse hasta la salida.
Otros contaron con suerte pero pasaron su propio viacrucis para obtener la libertad. Hubo dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado quienes el día del holocausto habían ido a entregarle unos trabajos a un magistrado auxiliar al Palacio. No resultaron heridos pero el Ejército los trasladó a la Casa del Florero, allá fueron maltratados, ambos relataron que recibieron varias patadas, posteriormente los llevaron al batallón de caballería donde los siguieron maltratando. De ahí los trasladaron a las instalaciones de la entidad que precedió a la Dijin, donde podían ver si tenían antecedentes judiciales. Finalmente los llevaron después a un batallón de inteligencia militar que quedaba al sur cerca al cerro de Guadalupe. Iban claramente en un proceso de desaparición y a ellos mismos se lo dijeron.
Sin embargo, un compañero de ellos era hijo del general Miguel Maza Márquez, además que el rector de la Universidad, Fernando Hinestrosa, empezó a mover cielo y tierra para encontrar a los dos estudiantes. Fuera de eso, uno de los jóvenes retenidos era sobrino del gobernador de Bolívar de la época. Finalmente, cuando los dos estudiantes se sintieron muertos, les dieron la orden para que se fueran.
Dentro del Palacio el Ejército movió los cadáveres y arrojó varios cuerpos desde los pisos altos, y después les dieron órdenes a los bomberos para que lavaran los restos que quedaban al interior de la edificación, lo que generó más destrozos. Después recogieron los cuerpos sin identificar en bolsas y los enviaron a Medicina Legal, entidad que no estaba preparada para recibir tantos cadáveres, y cuando se preparaban para identificarlos les llegó otro cúmulo de cadáveres provenientes de la avalancha de Armero. Muchos de esos cadáveres fueron a parar a fosas comunes.
Hay una declaración de dos investigadores holandeses que se encontraban en el cementerio del Sur y vieron cuando llevaban pedazos de carbón y cuerpos completos y los arrojaban sin ningún recato o técnica en una fosa. Al ver esto, ellos preguntaron que quiénes eran esos cuerpos, a lo que obtuvieron la respuesta “los hijueputas del Palacio”. Esto lo que demostró es que no hubo ningún interés por identificar esos cadáveres.
Por ejemplo el cadáver del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Pedro Elías Serrano Abadía, aparecía con tres meses de embarazo".
¿Por qué se ensañó la fuerza pública contra los trabajadores de la cafetería?
“La fuerza pública creía que la guerrilla tenía infiltrados en la cafetería porque pensaron que allí los abastecerían de alimentos por el tiempo largo que iban a durar en la toma del Palacio, tal como ocurrió en la toma de la embajada de República Dominicana. Por eso desaparecieron a los trabajadores de la cafetería”.
Después de relatar varias historias poco conocidas del holocausto del Palacio de Justicia con lujo de detalles, el exmagistrado Nilson Pinilla quiso finalizar con la siguiente reflexión:
“Si no hay claridad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia que queda en todo el centro de Bogotá, qué esperar de lo que ha pasado en Corinto, Cauca, o lo que ha acontecido en Jiguamiandó, Chocó, y otras tantas poblaciones del país donde la violencia golpeó tan severamente”.
