La Alcaldía de Bogotá indicó que en el marco de las protestas sociales se instalarán 20 comisiones verificadoras de derechos humanos en diferentes puntos fijos de la ciudad, así como dos puntos móviles que harán rondas en hospitales o en sitios de concentración críticos.
“Contaremos con 13 comisiones, que estarán en puntos fijos en los principales epicentros de la movilización ciudadana y juvenil; un punto fijo en el Complejo Judicial de Paloquemao, tres en URI (Unidades de Reacción Inmediata), tres en CTP (Centro de Traslado por Protección) y dos puntos móviles que harán rondas por hospitales y lugares críticos de la protesta”, dijo la alcaldesa Claudia López.
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Dicha decisión fue tomada por la Alcaldía, tras la reunión sostenida en las últimas horas con organizaciones juveniles de derechos humanos (DDHH) y delegados de diferentes instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital.
“Allí acordamos reforzar los mecanismos de protección a la movilización social, de garantías y de prevención para cualquier abuso de fuerza o violación a los derechos humanos que se cometan. Este ha sido un llamado de nuestros jóvenes en las calles, de que unamos esfuerzos para garantizar la movilización pacífica”, añadió López.
Las comisiones estarán conformadas por expertos en DDHH para el diálogo y la resolución de conflictos, delegados de organizaciones de derechos humanos, oficiales de la Policía y funcionarios de orden directivo del Distrito.
Los mismos funcionarán 24 horas para interponer denuncias o alertas de exceso de la fuerza o de posibles vulneraciones de DDHH.
“Estos 13 puntos fijos estarán donde se han presentado el mayor número de concentraciones y tensiones en los últimos días. Estos funcionarios van a estar verificando el entorno, en caso de alguna intervención de la Policía, y si hay alguna retención que sea injustificada”, explicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
Claudia López pidió ayuda al Ejército para cuidar detenidos
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció a través de su cuenta oficial en Twitter que había entrado en comunicaciones con altos mandos del Ejército nacional con la petición de que la ayuden a proteger a la población carcelaria que hoy habita en URI y estaciones de policía.
La decisión de solicitar refuerzos para proteger la integridad de esta población tuvo lugar a partir de los acontecimientos de las últimas horas, en los cuales hubo intentos de quemar vivos a 15 uniformados dentro de su puesto de trabajo, más las heridas con arma blanca y de fuego que ellos han recibido al tratar de resistirse a los ataques.
Con la medida se garantizarán las vidas de 2.825 personas privadas de la libertad y que ahora están en riesgo de recibir un ataque similar por parte de quienes están causando desmanes en la ciudad.
Eso sí, la alcaldesa asegura que no se trata de una militarización propiamente dicha. El refuerzo de la Fuerza Pública sería para garantizar las vidas de los detenidos, pero no se extiende hacia absolutamente todos los terrenos de la ciudad.
